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¿Cuál es la definición legal de lavado de activos en Costa Rica?
El lavado de activos en Costa Rica se define como el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o dinero, de modo que parezca legítimo. Se considera un delito grave en la legislación costarricense.
¿Cuáles son las penas por el delito de posesión y tráfico de armas en Costa Rica?
La posesión y tráfico de armas en Costa Rica puede ser castigada con penas de prisión, variando según la gravedad y circunstancias del delito.
¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica que regula a los deudores de impuestos y sus obligaciones tributarias?
En Costa Rica, el marco jurídico que regula a los deudores de impuestos se basa en la Ley de Impuesto sobre la Renta, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y otras leyes específicas. Estas normativas establecen las obligaciones, plazos y sanciones para garantizar el cumplimiento tributario.
¿Cuál es el impacto de la verificación en listas de riesgos en las relaciones comerciales de Costa Rica con otros países?
La verificación en listas de riesgos en Costa Rica es fundamental para mantener relaciones comerciales sólidas con otros países. Cumplir con las obligaciones internacionales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es esencial para evitar sanciones y mantener la confianza de los socios comerciales internacionales.
¿Qué regula la Ley de Protección de Datos Personales en Costa Rica?
La Ley de Protección de Datos Personales en Costa Rica regula el tratamiento de información personal, incluyendo la recopilación, el uso, el almacenamiento y la protección de datos personales. Establece principios fundamentales para la privacidad y la seguridad de los datos, así como los derechos de las personas en relación con su información personal.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?
Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.
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