REBECA MAROTO CONTRERAS - Perfil - 303710XXX

Perfil de REBECA MAROTO CONTRERAS - 303710XXX

Cédula de Identidad 303710XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Qué se entiende por "suplantación de identidad" en el contexto de la legislación costarricense?

La "suplantación de identidad" en la legislación costarricense se refiere a la acción de hacerse pasar por otra persona, utilizando su identidad y documentación personal con el propósito de cometer fraude u otros delitos. Esta práctica es ilegal y puede tener graves consecuencias legales.

¿Cuál es el impacto económico del KYC en la industria cinematográfica costarricense, considerando la inversión extranjera y la protección de derechos de autor?

En la industria cinematográfica, el KYC tiene un impacto económico positivo al atraer inversión extranjera y proteger los derechos de autor, estimulando así el crecimiento y la sostenibilidad de esta industria en Costa Rica.

¿Qué sucede con los expedientes judiciales en casos de apelación en Costa Rica?

En casos de apelación en Costa Rica, los expedientes judiciales se transfieren al tribunal de apelación correspondiente. Estos tribunales revisan los expedientes y documentos relacionados con el caso para evaluar las apelaciones. Los expedientes se mantienen disponibles para las partes involucradas en el proceso de apelación.

¿Cuáles son las consecuencias por el delito de enriquecimiento ilícito en Costa Rica?

El enriquecimiento ilícito en Costa Rica puede resultar en penas de prisión y la confiscación de bienes, combatiendo la corrupción en el sector público.

¿Cómo se protege la información biométrica en el proceso de validación de identidad en Costa Rica?

La recopilación y uso de información biométrica se rige por estrictas normativas legales que garantizan la protección de esta información sensible durante el proceso de validación de identidad.

¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar los procesos de embargo en Costa Rica?

Los procesos de embargo en Costa Rica son supervisados por el Poder Judicial y, en particular, por los jueces de familia o comisionados de la Corte. Estas autoridades garantizan que el proceso de embargo se lleve a cabo de acuerdo con la ley y que se respeten los derechos de ambas partes, el acreedor y el deudor.

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