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¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cómo se gestiona la deuda tributaria en casos de herencias y sucesiones en Costa Rica?
La gestión de deuda tributaria en casos de herencias y sucesiones en Costa Rica se rige por la Ley del Impuesto sobre las Sucesiones y Donaciones. Los herederos deben cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, y la Dirección General de Tributación supervisa el proceso para asegurar el cumplimiento tributario.
¿Qué autoridades supervisan el cumplimiento del KYC en Costa Rica?
El cumplimiento del KYC en Costa Rica es supervisado por varias autoridades, incluyendo la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estas entidades reguladoras tienen el poder de llevar a cabo inspecciones y evaluar el cumplimiento del KYC en las instituciones financieras y reguladas.
¿Cómo se abordan las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal en Costa Rica?
Costa Rica está trabajando para abordar las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal mediante iniciativas que buscan garantizar un trato equitativo para todas las personas, independientemente de su origen étnico.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la participación de Costa Rica en proyectos internacionales de cooperación para el desarrollo, y cómo se protege la integridad de estas iniciativas?
El lavado de activos puede afectar la participación de Costa Rica en proyectos internacionales de cooperación al generar preocupaciones sobre la integridad financiera. Se implementan medidas de AML para proteger la integridad de estas iniciativas y fomentar la colaboración global para el desarrollo sostenible.
¿Cuáles son las implicaciones de una estancia indocumentada en España para los costarricenses?
La estancia indocumentada en España puede llevar a consecuencias legales, como la deportación y dificultades para futuras solicitudes de visado o residencia. Los costarricenses deben asegurarse de mantener su estatus legal en el país.
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