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¿Cómo afecta el embargo a la economía costarricense?
El impacto económico del embargo en Costa Rica es significativo, restringiendo el acceso a mercados clave y limitando las transacciones financieras con naciones sujetas a sanciones. Esto ha llevado a una disminución en el comercio internacional, afectando sectores como la exportación e importación, lo que a su vez influye en la estabilidad económica del país.
¿En Costa Rica, cómo se define legalmente la complicidad en un delito?
La complicidad en Costa Rica se define como la participación intencional y consciente de una persona en la comisión de un delito junto con el autor principal.
¿Cómo se ha desarrollado el cumplimiento normativo en el ámbito de la tecnología de la información y comunicación en Costa Rica?
Costa Rica ha fortalecido el cumplimiento normativo en TI con la Ley de Firmas Electrónicas y la Ley de Certificados, asegurando la validez legal de las transacciones electrónicas. Además, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes regula la privacidad en línea, reflejando un enfoque integral en este sector.
¿En qué medida la debida diligencia contribuye a la cohesión social en Costa Rica al garantizar la transparencia y legitimidad en las transacciones financieras?
La debida diligencia contribuye significativamente a la cohesión social en Costa Rica al garantizar la transparencia y legitimidad en las transacciones financieras. Al promover la confianza en los procesos económicos, se fortalece la conexión entre los diversos sectores de la sociedad.
¿Qué es una cláusula de arras en un contrato de venta en Costa Rica?
Una cláusula de arras es un acuerdo en un contrato de venta en Costa Rica en el que el comprador paga una cantidad como señal para asegurar la compra del bien. Si el comprador se retracta, puede perder las arras, y si el vendedor incumple, puede tener que devolver el doble de las arras.
¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica?
El plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica puede variar según el tipo de trámite y la institución responsable. Sin embargo, la Ley General de la Administración Pública establece que, en principio, los trámites deben resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse, pero se debe notificar al solicitante.
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