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¿Cuál es la vigencia de la cédula de identidad en Costa Rica?
La cédula de identidad en Costa Rica tiene una vigencia de 10 años para los ciudadanos costarricenses mayores de 18 años. Para los menores de 18 años, la vigencia es de 5 años. Los residentes temporales y permanentes también tienen cédulas con vigencia según su estatus migratorio.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de información incorrecta durante la verificación de antecedentes en Costa Rica?
Legalmente, los casos de información incorrecta durante la verificación de antecedentes se abordan mediante procesos transparentes y correctivos. La legislación busca garantizar que las personas tengan la oportunidad de corregir información errónea, evitando posibles consecuencias negativas injustas.
¿Cómo se aborda la brecha de acceso a la justicia entre zonas urbanas y rurales en Costa Rica?
Para abordar la brecha de acceso a la justicia, se implementan estrategias como la descentralización de servicios judiciales y la mejora de infraestructuras legales en zonas rurales de Costa Rica.
¿Cómo se ha adaptado la legislación costarricense a las tendencias actuales en la selección de personal, como la igualdad de género y la diversidad?
La legislación costarricense se ha adaptado a las tendencias actuales mediante reformas que promueven la igualdad de género y la diversidad en la selección de personal.
¿Cómo se regula la pensión alimentaria en casos de hijos mayores de edad que siguen estudiando en Costa Rica?
En Costa Rica, la legislación permite que la pensión alimentaria se extienda a hijos mayores de edad que sigan estudiando, siempre y cuando estén cursando una educación formal y dependan económicamente de sus padres. Los padres pueden acordar la extensión de la pensión alimentaria o el juez puede tomar esta decisión, considerando la situación particular.
¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la República en el control del cumplimiento normativo en Costa Rica?
La Procuraduría General de la República en Costa Rica tiene la responsabilidad de velar por la legalidad en la administración pública. Su función incluye el control del cumplimiento normativo, asesorando a las instituciones públicas y defendiendo los intereses del Estado en el ámbito legal.
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