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¿Cómo se aborda la criminalización de la protesta social desde el ámbito judicial en Costa Rica?
La criminalización de la protesta social se aborda desde el ámbito judicial en Costa Rica mediante la protección del derecho a la manifestación pacífica y el diálogo, equilibrando el mantenimiento del orden público con el respeto a la libertad de expresión.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir cláusulas de resolución de controversias, como arbitraje?
Sí, los contratos de venta en Costa Rica pueden incluir cláusulas de resolución de controversias, como el arbitraje, que permiten a las partes resolver disputas fuera de los tribunales. Sin embargo, estas cláusulas deben cumplir con la ley y ser justas para ambas partes.
¿Cómo puede el KYC influir en la adquisición y protección de arte religioso en Costa Rica, considerando su valor cultural y artístico?
El KYC juega un papel esencial en la adquisición de arte religioso al garantizar la legitimidad de las transacciones, protegiendo así el patrimonio cultural y artístico de Costa Rica y promoviendo su preservación a lo largo del tiempo.
¿Cuál es la influencia de la transparencia en los expedientes judiciales en la participación ciudadana en el sistema judicial de Costa Rica?
La transparencia en los expedientes judiciales juega un papel crucial en la participación ciudadana en el sistema judicial de Costa Rica. La accesibilidad y claridad en la información fortalecen la capacidad de la ciudadanía para comprender y participar activamente en asuntos legales, fomentando así una sociedad más informada y comprometida con la justicia.
¿Se castiga de la misma manera la complicidad en delitos menores y en delitos graves en Costa Rica?
No necesariamente. La legislación en Costa Rica puede diferenciar las penas para la complicidad en delitos menores y graves, considerando la gravedad de la acción criminal.
¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica son individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos, gubernamentales, o funciones públicas relevantes. Estas personas, debido a su posición, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros, por lo que se requiere una supervisión y seguimiento especial en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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