SARA LUNA BARBOZA - Perfil - 602600XXX

Perfil de SARA LUNA BARBOZA - 602600XXX

Cédula de Identidad 602600XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo afecta el embargo a los derechos de los ciudadanos en Costa Rica?

El embargo, aunque es una medida legal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras, puede afectar los derechos de los ciudadanos en Costa Rica. Se busca equilibrar el derecho a la propiedad con la necesidad de garantizar el pago de deudas. Es esencial que el proceso de embargo se lleve a cabo de manera justa y transparente, respetando los derechos procesales de todas las partes involucradas. Además, la legislación costarricense puede incluir disposiciones para proteger ciertos bienes esenciales o limitar el alcance del embargo en situaciones específicas, especialmente para proteger a aquellos en situaciones económicas más vulnerables.

¿Cómo opera el Sistema de Información sobre Pensiones Alimentarias (SIPA) en Costa Rica y cuál es su papel en la gestión y seguimiento de los casos de deudores alimentarios?

El Sistema de Información sobre Pensiones Alimentarias (SIPA) en Costa Rica opera como una herramienta crucial para la gestión y seguimiento de casos de deudores alimentarios. Facilita el registro y control de las obligaciones alimentarias, proporcionando información actualizada sobre el estado de los casos. Permite una gestión eficiente al proporcionar datos en tiempo real, lo que contribuye a la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades judiciales encargadas de velar por el cumplimiento de las pensiones alimentarias.

¿Cuánto tiempo se mantienen los antecedentes disciplinarios en Costa Rica?

La duración durante la cual se mantienen los antecedentes disciplinarios en Costa Rica puede variar según la entidad reguladora y el campo profesional. En general, los registros disciplinarios pueden mantenerse durante varios años, y en algunos casos, indefinidamente. Sin embargo, las leyes y regulaciones pueden cambiar, y la disponibilidad pública de esta información también puede variar. Los profesionales pueden tener derecho a la eliminación o al archivado de sus antecedentes disciplinarios en ciertas circunstancias.

¿Cuál es el papel de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la supervisión de servicios públicos relacionados con la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?

La ARESEP en Costa Rica supervisa y regula los servicios públicos, y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas de servicios públicos cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.

¿Cuáles son las disposiciones específicas en Costa Rica para la protección de datos en antecedentes judiciales de menores de edad, y cómo se garantiza la privacidad de esta información en el contexto legal?

Costa Rica establece disposiciones específicas para la protección de datos en antecedentes judiciales de menores de edad. La legislación limita la divulgación de información sobre casos que involucran a menores y establece medidas para salvaguardar su privacidad. Los tribunales y otras instituciones judiciales aplican un enfoque cuidadoso al manejar estos antecedentes, asegurando que se respeten los derechos de los menores y que la información sensible no se utilice de manera inapropiada. Este énfasis en la protección de datos destaca la importancia de garantizar la integridad y privacidad de los antecedentes judiciales de menores en el sistema legal de Costa Rica.

¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la gestión de expedientes judiciales?

En Costa Rica, la legislación que regula la gestión de expedientes judiciales incluye la "Ley Orgánica del Poder Judicial" (Ley No. 7333) y su reglamento. Estas leyes establecen los procedimientos y normativas para la administración de expedientes judiciales, la conservación de documentos legales y la accesibilidad a la información judicial. Además, la "Ley de Acceso a la Información Pública" (Ley No. 8968) garantiza el acceso a expedientes judiciales, siempre que no estén sujetos a restricciones específicas.

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