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¿Cuál es la postura de Costa Rica en relación con la persecución de cómplices en delitos de guerra a nivel internacional?
Costa Rica puede abogar por la persecución de cómplices en delitos de guerra a nivel internacional, colaborando con tribunales internacionales y respaldando esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia.
¿Cómo se penaliza el delito de narcotráfico en Costa Rica?
El narcotráfico en Costa Rica puede conllevar penas de hasta 25 años de prisión, buscando combatir el tráfico ilegal de sustancias controladas.
¿Cómo se regula el cumplimiento normativo en el ámbito de la educación en Costa Rica?
El cumplimiento normativo en educación se basa en leyes como la Ley Fundamental de Educación y su reglamento. Estas normativas establecen estándares para garantizar la calidad y equidad en la educación, promoviendo un ambiente educativo en conformidad con los principios legales.
¿Puede el arrendador incluir cláusulas de penalización en el contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento por parte del arrendatario?
Sí, el arrendador puede incluir cláusulas de penalización en el contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento por parte del arrendatario. Estas cláusulas deben estar claramente especificadas en el contrato y cumplir con la ley. Las penalizaciones pueden incluir multas o sanciones financieras por incumplimiento de ciertas condiciones del contrato.
¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica?
El plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica puede variar según el tipo de trámite y la institución responsable. Sin embargo, la Ley General de la Administración Pública establece que, en principio, los trámites deben resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse, pero se debe notificar al solicitante.
¿Cómo ha evolucionado la legislación de embargo en Costa Rica a lo largo del tiempo?
A lo largo del tiempo, la legislación de embargo en Costa Rica ha experimentado cambios para adaptarse a las necesidades y normas internacionales en constante cambio. Se han realizado reformas en la Ley de Procedimiento Civil para mejorar la eficiencia de los procesos de embargo y garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos de los acreedores y de los deudores. También se han realizado ajustes para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y para abordar cuestiones emergentes en el ámbito del comercio y las finanzas internacionales.
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