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¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Costa Rica en casos de lavado de activos, y cuáles son las medidas preventivas que deben implementar las empresas para evitar sanciones legales?
En Costa Rica, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente en casos de lavado de activos. Las empresas deben implementar medidas preventivas, como programas de cumplimiento normativo y debida diligencia, para evitar sanciones legales. La cooperación con las autoridades y la adopción de prácticas transparentes son fundamentales para asegurar el cumplimiento legal y prevenir el lavado de activos dentro de las empresas.
¿Cómo se ha adaptado Costa Rica a los estándares internacionales en materia de cumplimiento normativo?
Costa Rica ha demostrado su compromiso con los estándares internacionales a través de la adopción de tratados y convenios. La implementación de normas como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha llevado a reformas legales que fortalecen el cumplimiento normativo y promueven la transparencia en diferentes sectores del país.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Pueden las entidades financieras tercerizar el proceso KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica pueden tercerizar ciertas actividades del proceso KYC, pero aún son responsables del cumplimiento de las regulaciones. Deben supervisar a los proveedores externos y garantizar que cumplan con los estándares y procedimientos de KYC requeridos. La tercerización no exime a las entidades de su responsabilidad.
¿Cómo ha evolucionado históricamente el proceso de simplificación de trámites en Costa Rica?
Históricamente, Costa Rica ha avanzado en la simplificación de trámites mediante la implementación de iniciativas como el Programa de Mejora Regulatoria. Este programa busca reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos, promoviendo la eficiencia y facilitando la interacción entre los ciudadanos y el gobierno. A lo largo del tiempo, se han introducido reformas para optimizar la gestión pública y hacer los trámites más accesibles.
¿Cómo se garantiza la competencia y la participación equitativa de contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para aquellos que intentan distorsionar la competencia?
La garantía de competencia y participación equitativa de contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica se logra mediante la aplicación de criterios objetivos y la promoción de la pluralidad de oferentes. Aquellos contratistas que intentan distorsionar la competencia pueden enfrentar sanciones como multas significativas, la descalificación en procesos futuros y la pérdida de beneficios asociados a la contratación pública. Estas medidas buscan preservar la igualdad de oportunidades en el sector contractual.
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