SEIDY MAYELA ARTAVIA GAMBOA - Perfil - 205200XXX

Perfil de SEIDY MAYELA ARTAVIA GAMBOA - 205200XXX

Cédula de Identidad 205200XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo ha impactado el surgimiento de nuevas formas de empleo, como el trabajo independiente y la economía gig, en las demandas laborales y en la percepción de los derechos laborales en Costa Rica?

El surgimiento de nuevas formas de empleo ha impactado las demandas laborales y la percepción de los derechos laborales en Costa Rica. La creciente presencia de trabajo independiente y economía gig ha planteado desafíos en términos de protección laboral. Casos relacionados con estas formas de empleo han llevado a discusiones sobre la necesidad de adaptar la legislación laboral para abordar las particularidades de estos trabajadores y garantizar la protección de sus derechos en un panorama laboral en evolución.

¿Cómo afecta la exposición política a la percepción internacional de Costa Rica?

La exposición política puede afectar la percepción internacional de Costa Rica al influir en la imagen del país como un actor democrático y comprometido con la estabilidad política. La forma en que los líderes políticos manejan los asuntos internos y externos, así como su compromiso con la transparencia y la buena gobernanza, puede impactar en la reputación internacional de Costa Rica. Una exposición política positiva puede fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, mientras que la negativa puede generar desconfianza y afectar la posición del país en la escena mundial.

¿Cómo pueden los expedientes judiciales impactar la percepción internacional de la justicia en Costa Rica?

Los expedientes judiciales juegan un papel significativo en la percepción internacional de la justicia en Costa Rica. La transparencia y eficacia en el manejo de casos fortalecen la reputación del sistema legal del país, promoviendo la confianza de la comunidad internacional y fomentando la cooperación en asuntos legales y de seguridad.

¿Cuáles son los mecanismos legales que regulan la revisión y ajuste del monto del arriendo en Costa Rica, y bajo qué circunstancias puede llevarse a cabo dicho ajuste?

La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece que el arrendador y el arrendatario pueden acordar libremente el monto del arriendo al inicio del contrato. Sin embargo, durante la vigencia del contrato, el arrendador solo puede ajustar el monto del arriendo si existe una cláusula específica en el contrato que lo permita, y debe respetar el límite anual establecido por la ley. Además, es crucial notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación sobre cualquier ajuste propuesto. Estos mecanismos buscan proteger los derechos del arrendatario y garantizar una relación justa entre las partes.

¿Cuál es el impacto social y económico de antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el proceso de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia y la competitividad en este ámbito?

Los antecedentes disciplinarios en casos de corrupción en el proceso de contratación pública en Costa Rica tienen un impacto social y económico significativo. Afectan la confianza en el sistema de contratación, generan consecuencias económicas negativas y resaltan la necesidad de fortalecer las medidas disciplinarias para garantizar la transparencia y la competitividad. Estos casos subrayan la importancia de promover prácticas éticas en la contratación pública y proteger los recursos destinados a proyectos de interés público.

¿En qué medida la debida diligencia se considera un requisito en el ámbito político en Costa Rica, y cómo se refleja esta consideración en la legislación que regula el financiamiento de campañas y actividades políticas?

La debida diligencia se considera un requisito en el ámbito político en Costa Rica, y esto se refleja en la legislación que regula el financiamiento de campañas y actividades políticas. La Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Gestión Pública establece medidas específicas para garantizar la transparencia en el financiamiento político, incluyendo la implementación de procesos de debida diligencia para verificar la legalidad y legitimidad de las contribuciones.

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