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¿Cuáles son los fundamentos legales que respaldan la implementación de la debida diligencia en Costa Rica, y cómo estas leyes definen las responsabilidades y obligaciones de las empresas en este contexto?
La implementación de la debida diligencia en Costa Rica está respaldada por leyes como la Ley 8204, que establece los fundamentos legales y define las responsabilidades y obligaciones de las empresas para prevenir y abordar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se considera la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley de Estupefacientes, entre otras.
¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de las instituciones financieras en Costa Rica en casos de lavado de activos, y cuáles son las sanciones previstas por la ley?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen responsabilidad penal en casos de lavado de activos. La legislación establece sanciones específicas, que pueden incluir multas sustanciales y, en casos graves, la revocación de licencias. La supervisión y regulación de estas instituciones son responsabilidad de entidades como el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
¿Cuáles son los dilemas éticos en la implementación de medidas de cumplimiento en las instituciones financieras de Costa Rica?
Los dilemas éticos incluyen encontrar un equilibrio entre la privacidad del cliente y la necesidad de prevenir el lavado de activos, generando debates sobre la ética en la implementación de medidas de cumplimiento.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica incluir garantías sobre la calidad de los bienes vendidos?
Sí, un contrato de venta en Costa Rica puede incluir garantías sobre la calidad de los bienes vendidos, como la garantía de que los bienes están libres de defectos y cumplen con ciertas especificaciones.
¿Cómo se inicia el proceso de embargo en Costa Rica y cuáles son los pasos a seguir?
El proceso de embargo en Costa Rica generalmente se inicia cuando el acreedor presenta una solicitud ante el tribunal competente. Los pasos a seguir incluyen la presentación de una demanda que justifique el embargo y la identificación de los bienes o activos que serán objeto de embargo. El tribunal revisa la solicitud y, si se cumplen los requisitos legales, emite una orden de embargo. Luego, se notifica a la parte demandada y se procede a la ejecución del embargo. Los bienes o activos son inmovilizados y posteriormente subastados o vendidos para satisfacer la deuda.
¿Cómo ha evolucionado la legislación costarricense en materia de contratación pública y sanciones a contratistas a lo largo de los años?
La legislación costarricense en materia de contratación pública ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años. Desde la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa, se han introducido reformas para mejorar la eficiencia, la competencia y la integridad en los procesos de contratación. Las sanciones a contratistas también han sido objeto de revisión y ajuste para garantizar una respuesta proporcional a los incumplimientos, reflejando así la adaptación continua a las necesidades y desafíos del entorno contractual.
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