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¿Cuáles son las relaciones y acuerdos internacionales que Costa Rica ha establecido para abordar temas relacionados con el derecho de familia, como la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género?
hasta enero de 2022, Costa Rica ha estado involucrada en varios acuerdos y tratados internacionales para abordar temas relacionados con el derecho de familia, la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género. Es importante tener en cuenta que la información puede haber cambiado después de esa fecha. Algunos de los acuerdos y tratados relevantes incluyen: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); La Convención de Belem do Pará tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica; Protocolo Facultativo de la CDN sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya de 1980); Tratados bilaterales y regionales: Además de los tratados multilaterales, Costa Rica también puede tener acuerdos bilaterales y regionales con otros países para abordar cuestiones relacionadas con el derecho de familia y la protección de menores.
¿Puede un beneficiario solicitar una pensión alimentaria para sí mismo en Costa Rica?
En Costa Rica, los cónyuges o ex cónyuges pueden solicitar una pensión alimentaria entre ellos si cumplen con los requisitos legales y se justifica la necesidad. La determinación se basa en las circunstancias específicas de cada caso y en la capacidad del otro cónyuge para proporcionar alimentos.
¿Cuál es el impacto de la falta de recursos en la capacidad de aplicación de la ley en Costa Rica?
La falta de recursos puede limitar la capacidad de aplicación de la ley en Costa Rica, afectando la investigación y persecución de delitos. Se han implementado medidas para mejorar la asignación de recursos y fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Lavado de Activos en Costa Rica, y cómo contribuye a la persecución exitosa de casos relacionados con el lavado de activos?
La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Lavado de Activos en Costa Rica desempeña un papel fundamental en la persecución exitosa de casos relacionados con el lavado de activos. A través de investigaciones especializadas, coordinación con otras entidades y la aplicación de la legislación pertinente, contribuye a garantizar que los responsables de lavado de activos sean llevados ante la justicia y sancionados de acuerdo con la ley.
¿Cómo se abordan legalmente las verificaciones de antecedentes en procesos de contratación pública en Costa Rica?
En el ámbito de la contratación pública en Costa Rica, las verificaciones de antecedentes se abordan legalmente mediante la Ley de Contratación Administrativa. Esta legislación establece los procedimientos y requisitos para la selección de proveedores, incluyendo la revisión de antecedentes legales y financieros. El objetivo es garantizar la integridad y transparencia en los procesos de contratación pública, evitando la participación de empresas con antecedentes que podrían comprometer la ética en la ejecución de contratos gubernamentales.
¿Cómo se abordan los embargos en el contexto de la política de derechos humanos de Costa Rica?
La política de derechos humanos de Costa Rica influye en la forma en que se abordan los embargos, asegurando que las medidas restrictivas no violen los derechos fundamentales de la población. El país busca mantener un equilibrio entre la aplicación de medidas necesarias para abordar preocupaciones legítimas que llevaron al embargo y la protección de los derechos humanos. Las autoridades costarricenses trabajan en colaboración con organismos internacionales de derechos humanos para garantizar que las medidas adoptadas sean proporcionadas, justificadas y respetuosas con los estándares internacionales de derechos humanos.
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