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¿Cuáles son las relaciones y acuerdos internacionales que Costa Rica ha establecido para abordar temas relacionados con el derecho de familia, como la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género?
hasta enero de 2022, Costa Rica ha estado involucrada en varios acuerdos y tratados internacionales para abordar temas relacionados con el derecho de familia, la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género. Es importante tener en cuenta que la información puede haber cambiado después de esa fecha. Algunos de los acuerdos y tratados relevantes incluyen: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); La Convención de Belem do Pará tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica; Protocolo Facultativo de la CDN sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya de 1980); Tratados bilaterales y regionales: Además de los tratados multilaterales, Costa Rica también puede tener acuerdos bilaterales y regionales con otros países para abordar cuestiones relacionadas con el derecho de familia y la protección de menores.
¿Cuál es el impacto económico y social de las huelgas relacionadas con demandas laborales en Costa Rica, y cuáles han sido los casos más destacados que han influido en la percepción de la ciudadanía y el empresariado?
El impacto económico y social de las huelgas relacionadas con demandas laborales en Costa Rica es significativo. Estas huelgas pueden afectar la productividad y la economía en general, generando tensiones entre los trabajadores y los empleadores. Casos notables de huelgas, como [mencionar casos destacados], han influido en la percepción de la ciudadanía y el empresariado al resaltar las tensiones en las relaciones laborales y estimular debates sobre la necesidad de encontrar soluciones equitativas.
¿Cómo se garantiza la competencia y la participación equitativa de contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para aquellos que intentan distorsionar la competencia?
La garantía de competencia y participación equitativa de contratistas en los procesos de contratación pública en Costa Rica se logra mediante la aplicación de criterios objetivos y la promoción de la pluralidad de oferentes. Aquellos contratistas que intentan distorsionar la competencia pueden enfrentar sanciones como multas significativas, la descalificación en procesos futuros y la pérdida de beneficios asociados a la contratación pública. Estas medidas buscan preservar la igualdad de oportunidades en el sector contractual.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la educación y el acceso a oportunidades educativas en Costa Rica?
La desviación de recursos debidos al lavado de activos puede afectar la inversión en educación y reducir el acceso a oportunidades educativas, limitando las perspectivas de desarrollo de la población costarricense.
¿Cómo ha evolucionado la percepción pública del lavado de activos en Costa Rica a lo largo del tiempo?
A medida que la sociedad se ha vuelto más consciente de los riesgos asociados con el lavado de activos, ha aumentado la demanda de medidas más efectivas y rigurosas. La percepción pública juega un papel crucial en el impulso de cambios legislativos y acciones preventivas.
¿Cuáles son las leyes específicas que definen las sanciones para contratistas que participan en prácticas fraudulentas o violan las normativas de contratación en Costa Rica?
Las leyes específicas que definen las sanciones para contratistas en Costa Rica incluyen la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Estas normativas establecen las prácticas fraudulentas, como la colusión o la presentación de información falsa, como faltas graves. Las sanciones pueden variar desde multas hasta la suspensión o prohibición de participar en procesos de contratación, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares del caso.
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