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¿Cuál es el papel de la Auditoría Interna en la fiscalización de contratos públicos con contratistas en Costa Rica?
La Auditoría Interna de la entidad pública tiene un papel importante en la fiscalización de contratos públicos. Realiza auditorías y revisiones de los procesos de contratación y la ejecución de proyectos para garantizar el uso eficiente de recursos y el cumplimiento de las normativas.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cuál es el proceso de apelación en casos de antecedentes disciplinarios en Costa Rica?
En casos de antecedentes disciplinarios en Costa Rica, un profesional sancionado tiene el derecho de apelar la decisión de la entidad reguladora o colegio profesional correspondiente. El proceso de apelación puede incluir la presentación de documentación, argumentos y pruebas que respalden la posición del profesional. La apelación generalmente se presenta ante un tribunal administrativo o un órgano de apelación designado por la entidad reguladora.
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de trabajo en España como costarricense?
El proceso para solicitar una visa de trabajo en España implica encontrar una oferta de empleo en España y luego solicitar la visa a través del Consulado de España en Costa Rica. Se deben cumplir ciertos requisitos específicos del empleador y el trabajador.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de discriminación en Costa Rica?
La discriminación en Costa Rica se enfrenta con medidas legales que buscan prevenir y sancionar actos discriminatorios, promoviendo la igualdad.
¿Cuál es el proceso de confiscación de activos en casos de lavado de activos en Costa Rica?
En casos de lavado de activos en Costa Rica, se puede llevar a cabo un proceso de confiscación de activos relacionados con la actividad ilícita. Estos activos pueden ser incautados y utilizados para fines legítimos, como indemnizaciones o programas de prevención.
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