Artículos recomendados
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cómo el lavado de activos puede contribuir a la degradación del tejido social en Costa Rica?
La infiltración de fondos ilícitos puede agravar los problemas sociales al financiar actividades delictivas y desestabilizar comunidades. El lavado de activos contribuye a la degradación del tejido social en Costa Rica.
¿Qué medidas se toman para proteger la identidad y los datos personales en transacciones en línea en Costa Rica?
Para proteger la identidad y los datos personales en transacciones en línea en Costa Rica, se utilizan medidas de seguridad como el cifrado de datos, autenticación de dos factores y políticas de privacidad. También se promueve la educación sobre la seguridad en línea y la protección de datos personales.
¿Pueden los empleadores presentar demandas laborales contra los trabajadores en Costa Rica?
Sí, los empleadores pueden presentar demandas laborales contra los trabajadores en Costa Rica si consideran que existe una violación de los términos del contrato laboral o un incumplimiento por parte del empleado. Las demandas laborales pueden ser presentadas por ambas partes en una relación laboral.
¿Cuáles son las listas de riesgos a las que se debe verificar en Costa Rica?
En Costa Rica, se deben verificar listas nacionales e internacionales, como las emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras listas que puedan contener individuos o entidades sancionadas.
¿Cuáles son las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica?
Las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica pueden incluir multas, la suspensión temporal o permanente de participar en procesos de licitación y contratación pública, la rescisión de contratos, la inadmisibilidad para contratar con entidades públicas y la imposición de sanciones pecuniarias y administrativas. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.
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