SUSSANA LECUSAY SALAZAR - Perfil - 109730XXX

Perfil de SUSSANA LECUSAY SALAZAR - 109730XXX

Cédula de Identidad 109730XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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La protección de la privacidad de las personas en el proceso de verificación de personal en Costa Rica es fundamental. La Ley de Protección de Datos Personales establece normas para el tratamiento de información personal y exige el consentimiento del titular de los datos para la recopilación y el uso de esta información. Las entidades que realizan verificaciones deben seguir procedimientos que garanticen la confidencialidad y la seguridad de los datos personales.

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El proceso de notificación de cambios en las circunstancias económicas en casos de pensión alimentaria en Costa Rica generalmente implica informar al tribunal y a las partes involucradas sobre dichos cambios. Esto puede requerir presentar documentación que respalde la notificación y, en algunos casos, una audiencia judicial.

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La vinculación de fondos ilícitos con instituciones educativas plantea dilemas éticos y puede erosionar la confianza en la integridad académica, generando debates sobre la ética en el sector educativo costarricense.

¿Cuáles son los aspectos clave de la base jurídica del embargo en Costa Rica?

La base jurídica del embargo en Costa Rica abarca varios aspectos clave. En primer lugar, el Código de Procedimiento Civil establece las normas procesales, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. La Ley de Ejecución de Sentencias, por otro lado, puede detallar procedimientos específicos y condiciones para la ejecución forzada de bienes. Además, la jurisprudencia y las interpretaciones judiciales también contribuyen a la base jurídica, brindando orientación sobre la aplicación de las leyes en casos particulares. Es crucial tener en cuenta estos elementos para comprender la solidez y la complejidad del marco jurídico del embargo en Costa Rica.

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Históricamente, en Costa Rica, el equilibrio entre la sanción de actos indebidos y la protección de los derechos de los funcionarios en procesos disciplinarios ha sido un desafío. Las reformas legales han buscado establecer mecanismos que aseguren la rendición de cuentas sin comprometer los derechos fundamentales de los individuos. Este equilibrio refleja el compromiso de Costa Rica con la justicia y la protección de los derechos individuales en el ámbito disciplinario.

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