WALNER MANUEL HERRERA CALDERON - Perfil - 402370XXX

Perfil de WALNER MANUEL HERRERA CALDERON - 402370XXX

Cédula de Identidad 402370XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se regulan legalmente las situaciones de desalojo en Costa Rica, y cuáles son los procedimientos y plazos que deben seguirse para llevar a cabo un desalojo de manera justa y conforme a la legislación vigente?

Las situaciones de desalojo en Costa Rica están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Para llevar a cabo un desalojo, el arrendador debe notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación, detallando las causales específicas que justifican la acción. Es esencial seguir los procedimientos establecidos por la ley, respetando los plazos y garantizando el derecho del arrendatario a presentar sus argumentos ante un juez. La legislación busca equilibrar los derechos de ambas partes y asegurar que los desalojos se realicen de manera justa y conforme a la normativa vigente.

¿Cómo se ha adaptado la gestión de antecedentes judiciales en Costa Rica en respuesta a situaciones de emergencia o desastres naturales, y cuáles son las consideraciones especiales para garantizar la continuidad del servicio durante tales eventos?

La gestión de antecedentes judiciales en Costa Rica se ha adaptado para garantizar la continuidad del servicio durante situaciones de emergencia o desastres naturales. Se implementan planes de contingencia que incluyen respaldo de datos y medidas para garantizar la disponibilidad de la información. La tecnología desempeña un papel clave, permitiendo la operación remota y el acceso seguro a los antecedentes judiciales. Estas medidas buscan garantizar que, incluso en situaciones extraordinarias, la gestión de antecedentes judiciales pueda mantenerse, contribuyendo así a la estabilidad y seguridad del sistema legal en Costa Rica.

¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la validación de identidad?

En Costa Rica, la validación de identidad está regulada por varias leyes y reglamentos. La principal ley que aborda este tema es la "Ley de Identificación de Personas Físicas" (Ley No. 9485), que establece el sistema de identificación y cedulación en el país. Además, la "Ley de Notariado" y la "Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" también contienen disposiciones relacionadas con la validación de identidad en contextos específicos. En general, estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para verificar la identidad de las personas en diversas transacciones y actividades legales.

¿Cómo se han abordado las inequidades fiscales en Costa Rica a lo largo del tiempo, y cuáles han sido los resultados de las medidas implementadas para mejorar la distribución de la carga tributaria?

Las inequidades fiscales en Costa Rica han sido abordadas a lo largo del tiempo mediante medidas como la revisión de tasas impositivas y la introducción de impuestos progresivos. Los resultados de estas medidas varían, y aunque se han logrado avances en términos de equidad, persisten desafíos que requieren una evaluación continua y ajustes en la política fiscal para garantizar una distribución justa de la carga tributaria.

¿Cómo se determina la patria potestad en Costa Rica?

La patria potestad en Costa Rica se atribuye automáticamente a los padres en el momento del nacimiento. En casos de divorcio, la patria potestad puede ser ejercida de manera conjunta o asignada a uno de los padres, dependiendo de lo que determine el tribunal de familia. La legislación busca siempre proteger el interés superior del menor.

¿Qué medidas se toman para garantizar la accesibilidad de expedientes judiciales a personas con discapacidades en Costa Rica?

Para garantizar la accesibilidad de expedientes judiciales a personas con discapacidades en Costa Rica, se deben tomar medidas que permitan a estas personas acceder a la información de manera adecuada. Esto puede incluir la disponibilidad de formatos accesibles, como Braille o formatos electrónicos accesibles, y la asistencia de personal capacitado para ayudar a las personas con discapacidades a acceder a la información de expedientes judiciales.

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