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¿Cuáles son las implicaciones políticas del turismo en Costa Rica?
El turismo tiene implicaciones políticas en Costa Rica al influir en políticas de desarrollo sostenible, infraestructura turística y regulaciones para garantizar un equilibrio entre la promoción del turismo y la preservación del medio ambiente.
¿Qué es un "remate" en el contexto de subastas de bienes embargados en Costa Rica?
En el contexto de subastas de bienes embargados en Costa Rica, un "remate" se refiere al proceso de adjudicación de un bien al postor que presenta la oferta más alta en una subasta. El remate determina quién se convierte en el nuevo propietario del bien embargado. Después del remate, los fondos obtenidos se destinan a satisfacer la deuda del deudor. El remate es una parte crucial del proceso de subasta y del cumplimiento de la deuda.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables, generando cuestionamientos sobre la ética empresarial y la responsabilidad social en el país.
¿Cuáles son las sanciones por tráfico de drogas en Costa Rica?
El tráfico de drogas en Costa Rica conlleva penas significativas. La ley establece penas que varían según la cantidad y el tipo de drogas involucradas, con condenas que van desde los 8 hasta los 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.
¿Cómo se sanciona la difamación en Costa Rica?
La difamación en Costa Rica puede ser sancionada penalmente según el Código Penal. Las penas por difamación pueden incluir multas y, en casos graves, incluso prisión. Es importante destacar que existen límites a la libertad de expresión para proteger la reputación de las personas en la sociedad costarricense.
¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de normativa relacionada con los trámites en Costa Rica?
Los ciudadanos en Costa Rica pueden participar en la elaboración de normativa relacionada con los trámites a través de diversos mecanismos. Estos incluyen la consulta pública, la audiencia pública, y la presentación de observaciones y sugerencias. La Ley General de la Administración Pública establece la obligación de las instituciones de dar oportunidad a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre normativa y trámites.
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