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¿Cuáles son las implicaciones políticas del turismo en Costa Rica?
El turismo tiene implicaciones políticas en Costa Rica al influir en políticas de desarrollo sostenible, infraestructura turística y regulaciones para garantizar un equilibrio entre la promoción del turismo y la preservación del medio ambiente.
¿Qué tipo de documentos se archivan en un expediente judicial en Costa Rica?
Los expedientes judiciales en Costa Rica pueden contener una variedad de documentos, como demandas, escritos de alegatos, pruebas, decisiones judiciales, transcripciones de audiencias y cualquier otro documento relevante para el caso en cuestión. La diversidad de documentos en un expediente es esencial para mantener un registro completo del proceso legal.
¿Qué medidas toma Costa Rica para combatir el crimen organizado?
Costa Rica ha implementado diversas estrategias para combatir el crimen organizado, incluyendo la creación de la Policía de Control de Drogas, la mejora de la cooperación internacional y la promulgación de leyes más estrictas contra la delincuencia organizada.
¿Puede un deudor alimentario solicitar la anulación de una orden de pensión alimentaria en Costa Rica?
Sí, un deudor alimentario puede solicitar la anulación de una orden de pensión alimentaria en Costa Rica si existen circunstancias que justifiquen la anulación. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal y proporcionando pruebas que respalden la solicitud. El tribunal evaluará si se justifica la anulación en función de las pruebas presentadas.
¿Cómo ha impactado la exposición política en Costa Rica en la identidad nacional?
La exposición política en Costa Rica ha fortalecido la identidad nacional al fomentar un sentido de pertenencia compartido en torno a los valores democráticos y la participación ciudadana. La participación activa en el proceso político se percibe como un deber cívico que une a los costarricenses, independientemente de sus diferencias políticas.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
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