YAHAIRA CERDAS CAMPOS - Perfil - 701400XXX

Perfil de YAHAIRA CERDAS CAMPOS - 701400XXX

Cédula de Identidad 701400XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en la supervisión de la debida diligencia en Costa Rica?

La SUGEF es la entidad reguladora y supervisora de las instituciones financieras en Costa Rica. Tiene un papel fundamental en la supervisión de la debida diligencia, ya que emite regulaciones y directrices específicas para las entidades financieras. También realiza auditorías y evaluaciones periódicas para asegurar que estas entidades cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Además, colabora con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención del lavado de activos.

¿Qué sucede si un individuo no puede obtener una copia de sus propios antecedentes judiciales en Costa Rica?

Si un individuo no puede obtener una copia de sus propios antecedentes judiciales en Costa Rica debido a razones técnicas, administrativas o legales, puede buscar asesoramiento legal y ponerse en contacto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para abordar la situación. El acceso a los antecedentes judiciales de uno mismo es un derecho y, si se enfrenta a obstáculos para obtenerlos, se deben tomar medidas para resolver el problema y garantizar el acceso adecuado a la información.

¿Cuál ha sido el impacto político de las demandas laborales en la participación de los trabajadores en procesos electorales y en la formulación de agendas políticas relacionadas con el trabajo en Costa Rica?

El impacto político de las demandas laborales en Costa Rica se refleja en la participación de los trabajadores en procesos electorales y en la formulación de agendas políticas centradas en el trabajo. La conciencia sobre los derechos laborales, impulsada por casos destacados, ha motivado a los trabajadores a participar activamente en el ámbito político, respaldando candidatos y partidos que abogan por la protección de los derechos laborales. Este impacto ha llevado a una mayor representación de los intereses laborales en la agenda política y a la búsqueda de políticas que fortalezcan la protección de los trabajadores.

¿Cuál ha sido el impacto social de las demandas laborales en Costa Rica en términos de conciencia sobre los derechos de los trabajadores y la equidad en el ámbito laboral?

Las demandas laborales en Costa Rica han tenido un impacto social significativo al aumentar la conciencia sobre los derechos de los trabajadores y la importancia de la equidad en el ámbito laboral. Estos casos han contribuido a la sensibilización pública sobre la necesidad de respetar y proteger los derechos laborales, fomentando una cultura que valora la justicia en las relaciones laborales y promueve un trato equitativo para todos los trabajadores.

¿Qué es la revisión de debida diligencia y cuándo se debe realizar en Costa Rica?

La revisión de debida diligencia es un proceso de evaluación de las políticas, procedimientos y registros relacionados con la debida diligencia en Costa Rica. Debe llevarse a cabo de manera periódica y cuando se produzcan cambios significativos en la entidad. La revisión es esencial para garantizar que los procesos de debida diligencia estén actualizados y se apliquen eficazmente. Además, ayuda a identificar áreas de mejora y a asegurar el cumplimiento continuo de las regulaciones.

¿Cómo se abordan legalmente los conflictos de interés en contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas preventivas y sancionatorias establecidas para garantizar la imparcialidad en el proceso de contratación?

En Costa Rica, los conflictos de interés en contratos públicos están prohibidos y son abordados legalmente. La Ley de Contratación Administrativa establece medidas preventivas, como la declaración de intereses por parte de los participantes en procesos de contratación. Las medidas sancionatorias incluyen la exclusión de participación, multas y, en casos extremos, la denuncia penal. Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso de contratación pública.

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