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¿Se reconoce la imputabilidad reducida para cómplices con problemas de salud mental en Costa Rica?
La imputabilidad reducida para cómplices con problemas de salud mental puede reconocerse en la legislación costarricense, considerando la capacidad del cómplice para comprender la naturaleza del delito y controlar su comportamiento.
¿Cuál es la relación entre el embargo y la seguridad alimentaria en Costa Rica?
El embargo puede afectar la seguridad alimentaria en Costa Rica al limitar la disponibilidad de ciertos productos y aumentar los costos de importación. Esto destaca la importancia de estrategias para garantizar el acceso continuo a alimentos nutritivos y asequibles, como la promoción de la agricultura local y la diversificación de fuentes de suministro.
¿Cómo se determina la culpabilidad o inocencia de un acusado en Costa Rica?
La culpabilidad o inocencia de un acusado en Costa Rica se determina a través de un juicio en el cual se presentan pruebas, se escuchan alegatos y se emite una sentencia basada en la valoración de la evidencia por parte del tribunal.
¿Cuál es el plazo para llevar a cabo la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
El plazo para llevar a cabo la verificación en listas de riesgos en Costa Rica varía según el tipo de transacción y la entidad involucrada. En general, se debe realizar antes de completar una transacción o establecer una relación comercial con un cliente.
¿Quiénes están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos en Costa Rica?
Diversos sectores económicos en Costa Rica están obligados a realizar la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, abogados, notarios, casinos, casas de empeño y otros sujetos obligados. Esto forma parte de sus responsabilidades en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso para la revisión y modificación de contratos públicos en Costa Rica?
Los contratos públicos en Costa Rica pueden ser revisados y modificados en caso de necesidad, pero esto debe hacerse mediante un proceso establecido por la entidad pública. Se deben justificar las modificaciones y seguir procedimientos legales y contractuales para realizar cambios en los términos del contrato.
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