YARIELA TORRES BRYAN - Perfil - 701940XXX

Perfil de YARIELA TORRES BRYAN - 701940XXX

Cédula de Identidad 701940XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuáles son los fundamentos legales que respaldan la implementación de la debida diligencia en Costa Rica, y cómo estas leyes definen las responsabilidades y obligaciones de las empresas en este contexto?

La implementación de la debida diligencia en Costa Rica está respaldada por leyes como la Ley 8204, que establece los fundamentos legales y define las responsabilidades y obligaciones de las empresas para prevenir y abordar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se considera la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley de Estupefacientes, entre otras.

¿Qué acciones toma el Poder Judicial costarricense para investigar y sancionar amenazas y ataques contra personas expuestas políticamente?

El Poder Judicial costarricense toma acciones concretas para investigar y sancionar amenazas y ataques contra personas expuestas políticamente. Garantiza el acceso a la justicia, aplicando sanciones legales proporcionales a la gravedad de los delitos. Esta respuesta contundente refleja el imperio de la ley y la defensa de los derechos fundamentales en el sistema judicial costarricense.

¿Cuál es el proceso de ejecución de una sentencia en Costa Rica?

El proceso de ejecución de una sentencia en Costa Rica se utiliza cuando una de las partes en un caso judicial necesita que la sentencia se haga cumplir. Esto puede incluir el cobro de una deuda, el desalojo de una propiedad o cualquier otro tipo de cumplimiento forzoso de una sentencia. La parte que busca la ejecución debe presentar una solicitud al tribunal y seguir un proceso legal específico para obtener una orden de ejecución. Una vez que se emite la orden, las autoridades pueden tomar medidas para hacer cumplir la sentencia.

¿Cómo se garantiza la protección de los derechos laborales de los costarricenses, desde una perspectiva ética, en el ámbito laboral en España?

La garantía de la protección de los derechos laborales de los costarricenses en el ámbito laboral en España desde una perspectiva ética se aborda mediante leyes que promueven condiciones laborales justas e igualitarias. La legislación busca una ética de la justicia social, garantizando el respeto de los derechos fundamentales, salarios justos y condiciones laborales seguras. Se promueven mecanismos de supervisión y sanciones por violaciones éticas en el ámbito laboral. Se busca asegurar que los costarricenses gocen de un entorno laboral ético que respete su dignidad y contribuya a su bienestar en España.

¿Cómo se abordan las demandas laborales relacionadas con la terminación del contrato de trabajo en Costa Rica, y cuáles son las disposiciones legales para garantizar un proceso justo y evitar despidos injustificados?

Las demandas laborales relacionadas con la terminación del contrato de trabajo en Costa Rica se abordan mediante disposiciones legales que establecen causas justificadas para el despido. La legislación garantiza un proceso justo y establece la obligación de notificar con anticipación en ciertos casos. Los trabajadores despedidos injustificadamente pueden presentar denuncias y buscar la intervención de la jurisdicción laboral para resolver estos conflictos.

¿Cómo se abordan las cuestiones de género en relación con los antecedentes judiciales en Costa Rica, y existen políticas específicas destinadas a mitigar posibles discriminaciones de género en este contexto?

Las cuestiones de género son consideradas en la gestión de antecedentes judiciales en Costa Rica. Las mujeres pueden enfrentar desafíos únicos relacionados con la discriminación de género y la violencia doméstica, lo que puede afectar la incidencia de antecedentes judiciales. Las políticas buscan mitigar posibles discriminaciones de género, y los tribunales deben abordar estos casos con sensibilidad hacia las dinámicas de género. La legislación también puede incluir disposiciones específicas para garantizar que la gestión de antecedentes judiciales sea equitativa para todas las personas, independientemente de su género.

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