YESENIA CHAVES MORALES - Perfil - 502740XXX

Perfil de YESENIA CHAVES MORALES - 502740XXX

Cédula de Identidad 502740XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se coordina la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica, teniendo en cuenta tratados y acuerdos internacionales?

Costa Rica participa activamente en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos a través de tratados y acuerdos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la Convención de Viena. Estos acuerdos facilitan el intercambio de información y la colaboración entre países para abordar de manera efectiva el lavado de activos a nivel global.

¿Cuál es el proceso de resolución de conflictos mediante la mediación en Costa Rica?

La mediación es un proceso de resolución de conflictos en Costa Rica que involucra a un mediador neutral que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo mutuo. Es un método alternativo de resolución de disputas que evita un juicio costoso y prolongado. Las partes pueden optar por la mediación en lugar de un proceso judicial tradicional. El mediador facilita la comunicación entre las partes y ayuda a encontrar soluciones que sean aceptables para ambas partes. Si se llega a un acuerdo, se formaliza en un acuerdo de mediación. La mediación es voluntaria y confidencial.

¿Cuál es la perspectiva ética del gobierno costarricense sobre la protección de los derechos de las personas en situaciones de violencia doméstica y cómo se refleja esta perspectiva en las medidas de protección?

Desde una perspectiva ética, el gobierno costarricense aborda la protección de los derechos de las personas en situaciones de violencia doméstica priorizando la seguridad y el bienestar de las víctimas. Las medidas de protección reflejan esta perspectiva al tomar acciones inmediatas para salvaguardar a las personas afectadas, garantizando un entorno seguro y libre de violencia.

¿Qué papel desempeña la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en Costa Rica en relación con la gestión de antecedentes judiciales, y cómo aborda posibles violaciones de la privacidad de la información contenida en estos registros?

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en Costa Rica juega un papel crucial en la supervisión y protección de la privacidad de la información contenida en los antecedentes judiciales. Esta agencia aborda posibles violaciones de la privacidad mediante la aplicación de sanciones y la promoción de buenas prácticas en el manejo de datos. Trabaja en colaboración con el Registro Judicial y otras instituciones para garantizar que se respeten los derechos individuales y que la información en los antecedentes judiciales se utilice de manera ética y conforme a las disposiciones legales sobre protección de datos en Costa Rica.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las empresas en los trámites en Costa Rica?

Las empresas en Costa Rica enfrentan diversas dificultades en los trámites, como la complejidad de los procesos para obtener permisos de construcción, licencias ambientales y registros sanitarios. La falta de integración entre entidades gubernamentales y la necesidad de presentar información en múltiples plataformas pueden generar complicaciones y retrasos. Asimismo, la interpretación variada de normativas por parte de diferentes funcionarios puede ocasionar incertidumbre y complicaciones adicionales para las empresas en su gestión de trámites.

¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación, y cómo se aplican sanciones en casos de información falsa o engañosa proporcionada por los contratistas?

La normativa legal en Costa Rica establece criterios específicos para evaluar la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación. Se exige a los contratistas proporcionar información veraz y completa. En caso de proporcionar información falsa o engañosa, se pueden imponer sanciones como la descalificación del proceso de licitación, multas y, en casos graves, la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas. Esto busca garantizar la integridad en la información presentada por los contratistas.

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