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¿Cómo ha evolucionado el marco legal para combatir la financiación del terrorismo en la historia de Costa Rica?
A lo largo de la historia de Costa Rica, el marco legal para combatir la financiación del terrorismo ha experimentado evoluciones significativas. Inicialmente, se adoptaron medidas para abordar el lavado de dinero, y posteriormente, se fortalecieron estas disposiciones para incluir la prevención y sanción específica de la financiación del terrorismo. La incorporación de estándares internacionales y la adaptación a las amenazas emergentes han sido parte de esta evolución. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo, promulgada en años recientes, refleja un enfoque más específico y actualizado para hacer frente a esta amenaza global, asegurando que Costa Rica esté alineada con las mejores prácticas internacionales en la materia.
¿Cómo afecta el incumplimiento tributario de grandes empresas en Costa Rica al tejido social y a la percepción de equidad entre los ciudadanos?
El incumplimiento tributario de grandes empresas en Costa Rica puede afectar negativamente al tejido social, generando percepciones de inequidad. La falta de contribución justa al fisco puede llevar a tensiones sociales al aumentar la carga fiscal para otros ciudadanos y afectar la confianza en la equidad del sistema tributario.
¿Existe alguna restricción en el acceso a expedientes judiciales en Costa Rica?
Aunque la "Ley de Acceso a la Información Pública" garantiza el acceso a expedientes judiciales en Costa Rica, existen restricciones. Por ejemplo, la información relacionada con la seguridad nacional, la privacidad de las partes o asuntos confidenciales puede estar sujeta a restricciones. El juez o autoridad judicial tiene la discreción de determinar si cierta información debe mantenerse confidencial.
¿Cuál es la relación entre la verificación en listas de riesgo y el fomento de prácticas empresariales responsables en Costa Rica?
La verificación en listas de riesgo está estrechamente relacionada con el fomento de prácticas empresariales responsables en Costa Rica. Al prevenir la participación de individuos o entidades en actividades ilícitas, se promueve un entorno empresarial ético y responsable. La reputación de las empresas se ve reforzada al demostrar su compromiso con la legalidad y la integridad, contribuyendo a un tejido empresarial más sostenible.
¿Qué medidas de seguridad específicas se aplican en el ámbito jurídico para proteger a testigos y denunciantes relacionados con personas expuestas políticamente en Costa Rica?
En el ámbito jurídico de Costa Rica, se implementan medidas específicas para salvaguardar a testigos y denunciantes vinculados a personas expuestas políticamente. Estas medidas incluyen la preservación de la confidencialidad de la identidad, restricciones en el acceso a información sensible y la posibilidad de brindar testimonios bajo condiciones de protección especial. Además, se establecen protocolos para garantizar la integridad física y emocional de estos individuos, lo que puede involucrar la asignación de escoltas o medidas de resguardo durante su participación en procedimientos judiciales. La estrecha colaboración entre la Policía Judicial, el Ministerio Público y otras autoridades es esencial para la implementación efectiva de estas medidas, contribuyendo no solo a la protección de los informantes, sino también a fomentar la confianza en el sistema judicial costarricense y promoviendo la colaboración ciudadana.
¿Cómo aborda la legislación casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero, y cuáles son los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en estas circunstancias?
La legislación costarricense aborda casos en los que el deudor alimentario reside en el extranjero mediante tratados internacionales y mecanismos específicos. Se utilizan convenios internacionales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, permitiendo la cooperación entre países. Además, se pueden realizar demandas judiciales en Costa Rica para ejecutar las medidas sancionatorias establecidas por la ley, garantizando que las obligaciones alimentarias sean cumplidas incluso cuando el deudor reside fuera del país.
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