ZENEIDA TAMES VIQUEZ - Perfil - 301440XXX

Perfil de ZENEIDA TAMES VIQUEZ - 301440XXX

Cédula de Identidad 301440XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Puede un cómplice ser eximido de responsabilidad si coopera con la investigación o ayuda a esclarecer el delito?

En algunos casos, un cómplice puede ser considerado para una reducción de pena o una exención de responsabilidad si coopera con la investigación o ayuda a esclarecer el delito. Esto generalmente ocurre cuando el cómplice proporciona información útil que lleva a la detención o condena del autor principal o a la resolución del caso. La cooperación puede ser un factor considerado por las autoridades judiciales al determinar la pena o la responsabilidad del cómplice. La decisión dependerá de la legislación y las circunstancias del caso.

¿Cuál es la función de los colegios profesionales en la supervisión de la conducta ética de sus miembros?

Los colegios profesionales desempeñan un papel fundamental en la supervisión de la conducta ética de sus miembros. Además de establecer normas éticas, también llevan a cabo investigaciones y procesos disciplinarios cuando se denuncian violaciones.

¿Cuál es el proceso para resolver disputas de custodia cuando uno de los padres reside en otro país en Costa Rica?

Resolver disputas de custodia cuando uno de los padres reside en otro país en Costa Rica puede requerir la aplicación de acuerdos internacionales y tratados. Los convenios como la Convención de la Haya pueden utilizarse para abordar casos de custodia transfronterizos y garantizar que se respete el interés superior del niño. Si los padres no pueden llegar a un acuerdo, un juez de familia puede intervenir y tomar una decisión basada en las circunstancias particulares y el bienestar del niño. La legislación busca proteger los derechos de los niños en casos que involucran fronteras internacionales.

¿Cómo se protegen los derechos de los ciudadanos durante un embargo en Costa Rica?

Los derechos de los ciudadanos durante un embargo en Costa Rica se protegen mediante el respeto a las garantías constitucionales y los principios fundamentales del debido proceso. La notificación previa, el derecho a la defensa, y la transparencia en el proceso son elementos clave para salvaguardar los derechos de los ciudadanos afectados por un embargo. Además, se fomenta la mediación y la conciliación como formas de resolver disputas de manera pacífica antes de recurrir al embargo, priorizando la protección de los derechos de todas las partes involucradas.

¿Cómo ha evolucionado históricamente la legislación contra la financiación del terrorismo en Costa Rica?

La legislación contra la financiación del terrorismo en Costa Rica ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo. La creciente amenaza global del terrorismo ha llevado a modificaciones y actualizaciones en las leyes nacionales para fortalecer los mecanismos de prevención y persecución. La inclusión de disposiciones específicas en la Ley contra la Delincuencia Organizada y la adhesión a convenciones internacionales han marcado hitos importantes en la evolución del marco legal costarricense. La adaptabilidad de la legislación refleja el compromiso continuo del país en abordar las amenazas emergentes relacionadas con la financiación del terrorismo y mantenerse alineado con estándares internacionales.

¿Cuál es el papel de las instituciones gubernamentales en la regulación y supervisión de los contratos de arriendo en Costa Rica, y cómo se aseguran de que se cumplan las normativas establecidas?

El papel de las instituciones gubernamentales en la regulación y supervisión de los contratos de arriendo en Costa Rica recae principalmente en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Esta entidad tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normativas relacionadas con arrendamientos, promover prácticas justas y mediar en casos de conflictos entre inquilinos y propietarios. Además, el MIVAH trabaja en conjunto con otras instituciones para garantizar el respeto de los derechos y deberes establecidos en la legislación vigente.

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