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¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un aumento en los costos de educación de los hijos beneficiarios?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un aumento en los costos de educación de los hijos beneficiarios. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en consecuencia, garantizando que los hijos reciban la educación adecuada
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la producción de productos de artesanía y manualidades en la República Dominicana?
La inversión en el sector de la producción de productos de artesanía y manualidades en la República Dominicana puede estar sujeta a impuestos y regulaciones específicas relacionadas con la fabricación de productos artesanales
¿Cómo se gestionan los riesgos cibernéticos en el cumplimiento normativo de empresas en la República Dominicana?
La gestión de riesgos cibernéticos implica la implementación de medidas de seguridad de datos, políticas de privacidad y cumplimiento con la Ley No. 172-13 de Protección de Datos Personales. La prevención de brechas de seguridad es fundamental
¿Qué tipos de activos suelen ser objeto de lavado en República Dominicana?
El lavado de activos puede involucrar dinero en efectivo, bienes inmuebles, vehículos de lujo, obras de arte y otros activos fácilmente convertibles en efectivo
¿Cuál es el proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana si un deudor considera que el valor es inexacto?
El proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana generalmente implica la presentación de una solicitud formal al tribunal con pruebas y argumentos que respalden la objeción del deudor al valor asignado
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