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¿Cuál es el impacto fiscal de la reestructuración empresarial, como fusiones y escisiones, en Ecuador?
La reestructuración empresarial puede tener consecuencias fiscales. Es necesario entender cómo se gravan las ganancias de capital y otros aspectos fiscales relacionados con estas operaciones.
¿Cómo se manejan las situaciones de emergencia que afectan el bien arrendado en Ecuador?
En situaciones de emergencia, como desastres naturales, las partes deben actuar de buena fe para resolver la situación. La ley no responsabiliza al arrendatario por daños causados por eventos imprevisibles. Es aconsejable incluir cláusulas en el contrato que establezcan procedimientos específicos para situaciones de emergencia y cómo se abordarán los daños resultantes.
¿Cómo se manejan las referencias laborales internacionales en el proceso de selección en Ecuador?
Las referencias laborales internacionales pueden ser valoradas en el proceso de selección, ya que proporcionan información sobre la experiencia global del candidato. Estas referencias se pueden verificar a través de contactos profesionales y plataformas especializadas.
¿Existe un registro público de contratistas sancionados en Ecuador?
Sí, en Ecuador, existe un registro público de contratistas sancionados. Este registro proporciona información sobre las empresas o individuos sancionados, la naturaleza de las sanciones y su duración. Este nivel de transparencia ayuda a garantizar la integridad en los procesos de contratación pública.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las operaciones de leasing y arrendamiento operativo en Ecuador?
Las operaciones de leasing y arrendamiento operativo pueden tener consecuencias fiscales específicas. Es necesario entender cómo se clasifican estas operaciones y las implicaciones para el cálculo del Impuesto a la Renta.
¿Cómo se abordan las situaciones en las que el deudor alimentario se muda con frecuencia dificultando la ejecución de medidas coercitivas en Ecuador?
En situaciones donde el deudor alimentario se muda con frecuencia, el tribunal puede implementar medidas adicionales para rastrear y ejecutar las medidas coercitivas. Esto puede incluir la colaboración con autoridades locales y el uso de tecnologías para garantizar el seguimiento del deudor, incluso si cambia de ubicación con regularidad.
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