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¿Cuáles son las implicaciones de la doble instancia en el sistema judicial de Ecuador?
La doble instancia permite que las decisiones judiciales sean revisadas por un tribunal superior. En Ecuador, la segunda instancia es fundamental para garantizar la calidad y legalidad de las sentencias, proporcionando a las partes la oportunidad de impugnar fallos y corregir posibles errores procesales.
¿Cuáles son los derechos y deberes del arrendatario en un contrato de arrendamiento en Ecuador?
El arrendatario tiene el derecho de disfrutar del bien arrendado de acuerdo con lo establecido en el contrato. Además, debe pagar la renta puntualmente y cuidar adecuadamente del bien. También puede solicitar reparaciones necesarias al arrendador.
¿Cuál es la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y las sanciones a contratistas en Ecuador?
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está estrechamente relacionada con la prevención de sanciones a contratistas en Ecuador. Las empresas que adoptan prácticas de RSE, como la contribución al desarrollo social y la protección ambiental, tienden a cumplir con estándares éticos y legales, reduciendo la probabilidad de sanciones y fortaleciendo su reputación corporativa.
¿Cuáles son los requisitos legales para un contrato de arrendamiento en Ecuador?
En Ecuador, un contrato de arrendamiento debe cumplir con requisitos como la identificación completa de las partes, la descripción del bien arrendado, la duración del contrato y la fijación de la renta. Además, el contrato debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Inquilinato.
¿Cómo se castiga el delito de fraude publicitario en Ecuador?
El fraude publicitario está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan prevenir prácticas engañosas en la publicidad y proteger a los consumidores.
¿Cómo se promueve la transparencia en el proceso de selección de contratistas en Ecuador?
La transparencia en el proceso de selección de contratistas en Ecuador se promueve mediante la divulgación de información relevante, la participación pública en licitaciones, la publicación de criterios de evaluación y la adopción de prácticas que eviten favoritismos. Estos esfuerzos buscan garantizar un proceso justo y equitativo.
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