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¿Cómo se regulan los casos de difamación y calumnia en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de difamación y calumnia se regulan en Ecuador mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las personas afectadas pueden presentar denuncias penales para que se investiguen estos delitos, buscando sanciones para quienes difundan información falsa con la intención de dañar la reputación de otros.
¿Cómo afecta la Ley de Inquilinato a los contratos de arrendamiento en Ecuador?
La Ley de Inquilinato en Ecuador establece las normativas fundamentales que rigen los contratos de arrendamiento. Esto incluye disposiciones sobre derechos y obligaciones de las partes, duración del contrato, pago de renta, entre otros aspectos clave. Es esencial conocer y cumplir con esta ley al redactar un contrato de arrendamiento.
¿Cómo se determina la jurisdicción y la ley aplicable en un contrato de venta internacional con una parte en Ecuador?
La elección de la jurisdicción y la ley aplicable es fundamental en contratos internacionales. En Ecuador, es común permitir que las partes elijan la jurisdicción y la ley aplicable. Sin embargo, es esencial especificar estas elecciones de manera clara en el contrato para evitar conflictos legales y asegurar la aplicación efectiva del acuerdo.
¿Cómo se penaliza el fraude académico en el sistema educativo ecuatoriano?
El fraude académico puede ser sancionado en Ecuador, con medidas que van desde la anulación de exámenes hasta expulsión de instituciones.
¿Qué pasos debe seguir un beneficiario para exigir el pago de alimentos en Ecuador?
El beneficiario debe iniciar un proceso legal que incluye la presentación de una demanda ante la autoridad competente, proporcionando pruebas de la necesidad de alimentos y la capacidad del deudor para cumplir con la obligación.
¿Cómo se promueve la transparencia en el proceso de selección de contratistas en Ecuador?
La transparencia en el proceso de selección de contratistas en Ecuador se promueve mediante la divulgación de información relevante, la participación pública en licitaciones, la publicación de criterios de evaluación y la adopción de prácticas que eviten favoritismos. Estos esfuerzos buscan garantizar un proceso justo y equitativo.
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