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¿Cómo se gestionan las renovaciones automáticas en contratos de venta a largo plazo en Ecuador?
En contratos a largo plazo, es común incluir cláusulas sobre renovaciones automáticas. En Ecuador, estas cláusulas pueden especificar las condiciones para la renovación, los plazos para notificar cambios en los términos y los procedimientos para la cancelación de la renovación automática. Asegurar que estas cláusulas sean claras y justas evita malentendidos y conflictos futuros.
¿Cómo se distribuyen los bienes en caso de divorcio en Ecuador?
La distribución de bienes en el divorcio en Ecuador se rige por el principio de equidad. Se buscan acuerdos entre las partes, y si no es posible, un juez determinará la distribución justa de los bienes.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio por mutuo acuerdo en Ecuador?
En casos de divorcio por mutuo acuerdo, los hijos tienen derechos que deben ser protegidos. Los padres deben acordar la custodia, régimen de visitas y pensión alimentaria en beneficio de los hijos. El acuerdo debe ser presentado al tribunal para su aprobación. La legislación ecuatoriana prioriza el interés superior del menor en estos casos.
¿Qué pasa si el arrendador no realiza reparaciones necesarias en el bien arrendado?
Si el arrendador no cumple con la obligación de realizar reparaciones necesarias, el arrendatario puede notificar por escrito el incumplimiento y fijar un plazo para la reparación. En caso de que no se realicen las reparaciones, el arrendatario puede solicitar la resolución del contrato o realizar las reparaciones por cuenta propia, deduciéndolas de la renta.
¿Cómo se define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la legislación ecuatoriana?
En la legislación ecuatoriana, una PEP se define como aquella persona que desempeña funciones públicas destacadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces. Estos están sujetos a un mayor riesgo de corrupción.
¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas puede establecerse por acciones de sus representantes legales; la sanción puede ser multas o disolución, según la ley.
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