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¿Cuál es la legislación sobre el delito de espionaje industrial en Ecuador?
Ecuador cuenta con leyes que penalizan el espionaje industrial, buscando proteger la propiedad intelectual y la competitividad empresarial.
¿Cuál es el procedimiento para la impugnación de actos administrativos en el sistema judicial ecuatoriano?
La impugnación de actos administrativos se realiza mediante acciones contencioso-administrativas. Las partes afectadas pueden presentar demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, buscando la revisión judicial de decisiones tomadas por autoridades administrativas.
¿Cómo se aborda el lavado de activos en el ámbito de las transacciones internacionales de bienes culturales en Ecuador?
Ecuador aborda el lavado de activos en las transacciones internacionales de bienes culturales mediante la implementación de regulaciones específicas. Se verifica la legalidad de las transacciones relacionadas con bienes culturales, se exige la debida diligencia en la identificación de compradores y vendedores, y se colabora con organismos internacionales para prevenir el tráfico ilícito de estos bienes.
¿Cuáles son las características del procedimiento contencioso administrativo en Ecuador?
El procedimiento contencioso administrativo aborda disputas entre particulares y entidades estatales; sigue reglas específicas establecidas por la ley de jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Cuáles son los plazos típicos para resolver un expediente judicial?
Los plazos varían, pero factores como la complejidad del caso y la jurisdicción pueden influir en la duración del proceso.
¿Cuáles son las medidas para prevenir la discriminación en la contratación de servicios de salud mental en proyectos de bienestar social en Ecuador?
Las medidas para prevenir la discriminación en la contratación de servicios de salud mental en proyectos de bienestar social en Ecuador incluyen la inclusión de cláusulas antidiscriminación en los contratos, la formación en sensibilización y diversidad, y la implementación de políticas que promuevan la igualdad de acceso a servicios de salud mental. Los contratistas deben asegurar la no discriminación en la prestación de servicios de salud mental.
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