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¿Cuáles son las garantías procesales en los procedimientos penales en Ecuador?
Las garantías procesales en los procedimientos penales incluyen el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a no autoincriminarse y la prohibición de la tortura. Estas garantías buscan proteger los derechos fundamentales de los acusados durante el proceso judicial penal.
¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad médica en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de responsabilidad médica se abordan mediante acciones judiciales específicas. La víctima puede presentar una demanda por mala praxis médica, y el proceso implica la revisión de pruebas periciales para determinar si hubo negligencia. Se busca compensar los daños sufridos por el paciente debido a errores médicos.
¿Cómo se manejan los casos de violencia de género en el sistema judicial ecuatoriano?
Ecuador cuenta con leyes específicas y protocolos para abordar casos de violencia de género. Se prioriza la protección de las víctimas, y existen medidas como las órdenes de protección y programas de asistencia especializada para garantizar un enfoque integral en estos casos.
¿Cómo se regulan las licencias de paternidad y cuáles son los derechos de los padres trabajadores en Ecuador?
Las licencias de paternidad en Ecuador están reguladas, otorgando a los padres trabajadores el derecho a un período específico de licencia remunerada para el cuidado de sus hijos recién nacidos.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la nacionalidad española por opción desde Ecuador?
La nacionalidad española por opción se concede en ciertos casos, como hijos de españoles. El procedimiento incluye presentar la solicitud ante el Registro Civil español y cumplir con los requisitos establecidos para la opción.
¿Cómo influye la participación ciudadana en la supervisión de las regulaciones PEP en Ecuador?
La participación ciudadana en Ecuador desempeña un papel clave en la supervisión de las regulaciones PEP. Ciudadanos informados pueden ejercer presión sobre las instituciones gubernamentales para garantizar el cumplimiento efectivo. Además, la sociedad civil puede desempeñar un papel activo en la identificación de posibles irregularidades, fortaleciendo así la rendición de cuentas y contribuyendo a la mejora continua de las medidas anticorrupción.
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