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¿Cómo se regula la responsabilidad de los notarios en Ecuador?
La responsabilidad de los notarios está regulada por la ley, y su actuación debe ajustarse a los principios éticos y legales para garantizar la autenticidad de los documentos.
¿Cuál es la duración típica de un contrato de arrendamiento en Ecuador?
La duración estándar de un contrato de arrendamiento en Ecuador es de un año, pero puede ser negociada entre las partes. Los contratos a corto plazo deben ser registrados ante la autoridad competente, y si el contrato es por más de un año, debe ser inscrito en la propiedad correspondiente.
¿Cómo se regula la responsabilidad civil por daños ambientales en el sistema judicial ecuatoriano?
La responsabilidad civil por daños ambientales en Ecuador se rige por la Ley Orgánica del Ambiente. Esta ley establece disposiciones para la reparación integral de los daños causados al ambiente, permitiendo acciones judiciales para obtener compensación por impactos negativos en la biodiversidad y los recursos naturales.
¿Cómo se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema judicial ecuatoriano?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador se establece a través de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Esta ley establece sanciones y medidas específicas para las personas jurídicas involucradas en actividades delictivas.
¿Cómo se calculan los intereses moratorios en deudas fiscales en Ecuador?
Los intereses moratorios se calculan sobre la deuda principal y se aplican a una tasa determinada por el SRI. Esta tasa puede variar y se actualiza periódicamente. Es esencial conocer la tasa vigente al calcular los intereses.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario en Ecuador?
En el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario, Ecuador ha implementado medidas específicas. Existen regulaciones para la debida diligencia en transacciones inmobiliarias, la identificación de los beneficiarios finales y la obligación de reportar operaciones sospechosas, con el objetivo de prevenir el uso de estas industrias en actividades de lavado de activos.
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