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¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en caso de venta del inmueble arrendado en Ecuador?
Si el arrendador vende el inmueble arrendado, el contrato de arrendamiento se mantiene y se transfiere al nuevo propietario. El nuevo propietario asume todas las obligaciones y derechos del arrendador original. Ambas partes deben ser notificadas sobre la venta, y el contrato sigue vigente bajo las condiciones acordadas.
¿Cómo ha evolucionado la regulación de las PEP en Ecuador en los últimos años?
En los últimos años, Ecuador ha fortalecido sus medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, lo que ha llevado a actualizaciones en las regulaciones PEP. Esto incluye cambios en los umbrales y criterios para identificar a las PEP, así como mejoras en los mecanismos de aplicación.
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.
¿Cómo se manejan las vacaciones y días feriados en términos legales en Ecuador?
Las vacaciones y días feriados en Ecuador están regulados por el Código de Trabajo, que establece los derechos de los empleados en términos de descanso remunerado y días festivos.
¿Cómo se regulan los casos de competencia desleal en el ámbito publicitario en Ecuador?
La competencia desleal en el ámbito publicitario se regula mediante la Ley de Defensa de la Competencia. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado puede intervenir en casos de publicidad engañosa, imitación de productos y otras prácticas desleales, aplicando sanciones y promoviendo acciones judiciales para proteger a los consumidores y competidores.
¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de personas jurídicas se aborda mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Establece que las personas jurídicas pueden ser sujetas a sanciones penales por delitos cometidos en su nombre. Las acciones judiciales buscan responsabilizar a la entidad y, cuando proceda, imponer multas y otras sanciones.
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