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¿Cómo se regula la renuncia a la patria potestad en Ecuador?
La renuncia a la patria potestad en Ecuador es un proceso legal que debe llevarse a cabo ante un tribunal. La renuncia debe ser voluntaria y justificada. Se evaluará si la renuncia es en el mejor interés del menor y si no hay razones que la impidan. La renuncia no exime al progenitor de las obligaciones económicas hacia el hijo.
¿Cuál es la penalización por el delito de tráfico ilícito de drogas en Ecuador?
El tráfico ilícito de drogas está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan prevenir la circulación ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
¿Se puede utilizar la cédula de identidad para realizar trámites legales como el poder notarial o la compra de bienes raíces?
Sí, la cédula de identidad es un documento válido para realizar trámites legales en Ecuador, como la obtención de poder notarial o la compra de bienes raíces. Sin embargo, en algunos casos específicos, se pueden requerir documentos adicionales dependiendo de la naturaleza del trámite.
¿Cuáles son las opciones disponibles para los deudores de impuestos en Ecuador?
Los deudores pueden buscar acuerdos de pago con el SRI para liquidar sus deudas de impuestos. También pueden solicitar la condonación de multas e intereses en ciertos casos, sujeto a la aprobación del SRI.
¿Cómo afectan los antecedentes penales a la obtención de préstamos o financiamiento en Ecuador?
Los antecedentes penales pueden afectar la obtención de préstamos o financiamiento en Ecuador, ya que las instituciones financieras pueden revisar los antecedentes del solicitante como parte de la evaluación de riesgos. Un historial delictivo puede influir en la decisión de otorgar crédito.
¿Cuáles son los mecanismos de prevención de prácticas de colusión entre contratistas en el sector de la construcción en Ecuador?
Los mecanismos de prevención de prácticas de colusión entre contratistas en el sector de la construcción en Ecuador incluyen la promoción de la competencia mediante licitaciones abiertas, la supervisión activa de los procesos de licitación, y la aplicación de sanciones severas en caso de colusión. Estos esfuerzos buscan garantizar un mercado de construcción justo y competitivo.
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