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¿Qué es un embargo en el contexto de Ecuador?
En Ecuador, un embargo es una medida legal que impide la disposición de ciertos bienes o activos de una persona o entidad como consecuencia de una deuda o fallo judicial.
¿Cuál es el papel del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en la protección de derechos de propiedad intelectual en Ecuador?
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene la responsabilidad de administrar y proteger los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas, derechos de autor y otros, fomentando la innovación y la creatividad.
¿Cómo se aborda la verificación en listas de riesgos en el sector de exportación/importación en Ecuador?
En el sector de exportación/importación, las empresas deben realizar una verificación exhaustiva de sus socios comerciales y proveedores para cumplir con las regulaciones de listas de riesgos en Ecuador. Esto incluye la revisión de los documentos aduaneros, la verificación de la legitimidad de las partes involucradas y la implementación de controles internos para prevenir el comercio con entidades sancionadas...
¿Se puede utilizar la cédula de identidad para realizar trámites legales como el poder notarial o la compra de bienes raíces?
Sí, la cédula de identidad es un documento válido para realizar trámites legales en Ecuador, como la obtención de poder notarial o la compra de bienes raíces. Sin embargo, en algunos casos específicos, se pueden requerir documentos adicionales dependiendo de la naturaleza del trámite.
¿Cuál es el impacto fiscal de la reestructuración empresarial, como fusiones y escisiones, en Ecuador?
La reestructuración empresarial puede tener consecuencias fiscales. Es necesario entender cómo se gravan las ganancias de capital y otros aspectos fiscales relacionados con estas operaciones.
¿Cómo se promueve la transparencia en el proceso de selección de contratistas en Ecuador?
La transparencia en el proceso de selección de contratistas en Ecuador se promueve mediante la divulgación de información relevante, la participación pública en licitaciones, la publicación de criterios de evaluación y la adopción de prácticas que eviten favoritismos. Estos esfuerzos buscan garantizar un proceso justo y equitativo.
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