Artículos recomendados
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.
¿Cómo se gravan los dividendos distribuidos por una empresa en Ecuador?
Los dividendos están sujetos a Impuesto a la Renta en manos de los accionistas. La empresa debe realizar la retención correspondiente antes de distribuir los dividendos.
¿Cómo se garantiza el debido proceso en casos de flagrancia en el sistema judicial ecuatoriano?
A pesar de la urgencia en casos de flagrancia, se garantiza el debido proceso. El detenido tiene derecho a la defensa, a ser informado de los cargos, y a ser presentado ante un juez en el plazo legal. La autoridad judicial evalúa la legalidad de la detención y toma medidas para proteger los derechos del detenido.
¿Existen programas de mediación familiar financiados por el Estado en Ecuador para resolver disputas relacionadas con la pensión alimenticia?
Sí, el Estado ecuatoriano puede financiar programas de mediación familiar para resolver disputas relacionadas con la pensión alimenticia. Estos programas buscan facilitar acuerdos amigables entre las partes antes de recurrir a procedimientos judiciales.
¿Cuáles son los mecanismos de control y supervisión del Poder Judicial en Ecuador?
La Judicatura y el Consejo de la Judicatura son organismos encargados del control y supervisión del Poder Judicial en Ecuador. Estos entes garantizan la independencia judicial, evalúan el desempeño de jueces y tribunales, y promueven la transparencia y la eficiencia en el sistema judicial.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en casos de embargo?
La Superintendencia de Bancos en Ecuador juega un papel importante en casos de embargo, supervisando y regulando las actividades bancarias relacionadas con la ejecución de embargos. Además, establece pautas para garantizar que los procesos de embargo en cuentas bancarias cumplan con las regulaciones y protejan los derechos de los deudores y terceros afectados.
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