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¿Existen programas de colaboración científica y tecnológica entre instituciones ecuatorianas y españolas?
Sí, existen programas de colaboración científica y tecnológica entre instituciones de investigación en Ecuador y España. Estos programas fomentan la cooperación en proyectos de investigación y desarrollo.
¿Cuáles son las penas por el delito de violencia política de género en Ecuador?
La violencia política de género está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan prevenir actos violentos basados en género en el ámbito político y garantizar la participación equitativa de mujeres.
¿Cuál es la regulación para el arrendamiento de bienes destinados a actividades comerciales en zonas rurales en Ecuador?
El arrendamiento de bienes para actividades comerciales en zonas rurales está sujeto a las regulaciones generales de la Ley de Inquilinato. Además, se deben considerar las normativas locales y cualquier condición específica relacionada con el uso comercial en áreas rurales. El contrato debe reflejar estas condiciones para garantizar el cumplimiento legal.
¿Cómo se manejan las investigaciones internacionales en casos de lavado de activos que involucran a ciudadanos ecuatorianos?
En casos de lavado de activos que involucran a ciudadanos ecuatorianos, se sigue un protocolo específico en Ecuador. Se colabora estrechamente con autoridades internacionales, se intercambia información relevante y se sigue un proceso legal riguroso para garantizar la efectividad de las investigaciones y la posible persecución de casos transnacionales.
¿Cuál es la pena por el delito de extorsión en Ecuador?
La extorsión en Ecuador puede llevar a penas de 10 a 16 años de prisión, dependiendo de la gravedad y circunstancias.
¿Cuáles son los requisitos éticos para la contratación de servicios de publicidad gubernamental en Ecuador?
Los requisitos éticos para la contratación de servicios de publicidad gubernamental en Ecuador pueden incluir la transparencia en los procesos de licitación, la equidad en la selección de contratistas, y la adhesión a estándares éticos en la creación y difusión de mensajes publicitarios. Esto asegura una comunicación gubernamental ética y transparente.
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