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¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en el ámbito de la responsabilidad social empresarial (RSE) para empresas en Ecuador?
En la responsabilidad social empresarial, el cumplimiento normativo implica seguir regulaciones éticas, sociales y ambientales. Las empresas deben contribuir positivamente a la comunidad, respetar los derechos humanos y cumplir con estándares de RSE para fortalecer su impacto social positivo.
¿Cómo se regula la responsabilidad de los servidores públicos en casos de corrupción en Ecuador?
La responsabilidad de los servidores públicos en casos de corrupción se regula por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciendo sanciones y mecanismos de rendición de cuentas.
¿Cómo se regulan los derechos de propiedad intelectual en un contrato de venta de software en Ecuador?
En el caso de contratos que involucren software, es fundamental abordar los derechos de propiedad intelectual. En Ecuador, se pueden incluir cláusulas que especifiquen la titularidad de los derechos, las licencias de uso, y las restricciones para garantizar la protección adecuada del software y evitar posibles infracciones.
¿Cómo se determina la cuantía en casos civiles en Ecuador?
La cuantía en casos civiles se establece según el valor económico de la pretensión; su determinación es crucial para definir la competencia de los tribunales.
¿Cuál es la importancia de la conciliación en casos de deudores alimentarios en Ecuador?
La conciliación es importante en casos de deudores alimentarios en Ecuador porque busca resolver disputas de manera amigable, evitando juicios prolongados. Las partes pueden llegar a acuerdos mutuos con la ayuda de un conciliador, facilitando una solución más rápida y menos conflictiva.
¿Cómo se evalúa la responsabilidad social en la contratación de servicios de construcción de instalaciones educativas en Ecuador?
La evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de construcción de instalaciones educativas en Ecuador implica la revisión de programas de responsabilidad social, la participación de la comunidad educativa en el proceso de selección, y la medición del impacto positivo en la educación y desarrollo comunitario. Los contratistas deben demostrar su compromiso con la mejora de las condiciones educativas y sociales.
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