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¿Cuál es el papel de la Fiscalía en el sistema judicial de Ecuador?
La Fiscalía investiga y presenta casos ante los tribunales, buscando la justicia y la aplicación adecuada de la ley.
¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo y la fijada por un tribunal en Ecuador?
La pensión alimenticia acordada de mutuo acuerdo es resultado de un acuerdo entre las partes, mientras que la fijada por un tribunal se determina mediante un proceso legal. Ambas son legalmente vinculantes, pero la primera implica un acuerdo amistoso, y la segunda es impuesta por una autoridad judicial.
¿Cuál es el proceso para solicitar la residencia temporal en España como profesional del sector de la publicidad siendo ecuatoriano?
Los profesionales del sector de la publicidad pueden solicitar la residencia temporal en España presentando una oferta de trabajo en su área. Deben cumplir con los requisitos establecidos y presentar la solicitud en el consulado español en Ecuador.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la innovación empresarial en Ecuador?
El cumplimiento normativo puede influir en la innovación al establecer límites legales y éticos. Sin embargo, las empresas innovadoras pueden beneficiarse al anticipar y adaptarse a cambios regulatorios, fomentando una cultura de cumplimiento proactiva.
¿Cómo se manejan los casos de no cumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario en Ecuador?
En caso de no cumplimiento de obligaciones por parte del arrendatario, el arrendador puede notificarlo y dar un plazo razonable para corregir la situación. Si el arrendatario no cumple, el arrendador puede recurrir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado o iniciar acciones legales para buscar una compensación o la rescisión del contrato.
¿Cuáles son las garantías procesales en los procedimientos penales en Ecuador?
Las garantías procesales en los procedimientos penales incluyen el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a no autoincriminarse y la prohibición de la tortura. Estas garantías buscan proteger los derechos fundamentales de los acusados durante el proceso judicial penal.
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