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¿Cómo se castiga el delito de sabotaje informático en servicios públicos en Ecuador?
El sabotaje informático en servicios públicos está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan garantizar la integridad y funcionamiento adecuado de las infraestructuras críticas.
¿Cuáles son las implicaciones del cumplimiento normativo en la gestión de crisis de relaciones públicas en Ecuador?
En la gestión de crisis, el cumplimiento normativo puede ser clave para mitigar daños a la reputación. Las empresas deben comunicar de manera transparente, asumir la responsabilidad, y tomar medidas correctivas para cumplir con expectativas normativas y reconstruir la confianza del público.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de restricción por violencia doméstica?
Para obtener una orden de restricción por violencia doméstica en Ecuador, la víctima puede presentar una denuncia ante la Fiscalía o la policía. Un juez evaluará la situación y, si se considera necesario, emitirá una orden de protección que prohíba al agresor acercarse a la víctima.
¿Cuál es la pena por el delito de explotación laboral infantil en Ecuador?
La explotación laboral infantil está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan proteger a los menores y garantizar su desarrollo adecuado.
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con el uso de tecnologías financieras (fintech) para prevenir el lavado de activos en Ecuador?
Ecuador ha desarrollado regulaciones específicas para abordar los riesgos asociados con el uso de tecnologías financieras. Las empresas fintech están sujetas a medidas de cumplimiento, como la identificación de clientes, la monitorización de transacciones y la implementación de sistemas de alerta temprana para prevenir el lavado de activos en entornos digitales.
¿Cómo se aborda la ética en la contratación de servicios de arquitectura para proyectos de vivienda social en Ecuador?
La ética en la contratación de servicios de arquitectura para proyectos de vivienda social en Ecuador se aborda mediante la inclusión de criterios éticos en los procesos de selección, la consideración de diseños inclusivos y accesibles, y la participación de la comunidad en la planificación. Los contratistas deben contribuir a la construcción de viviendas sociales éticas y funcionalmente eficientes.
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