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¿Cómo se manejan los casos de no cumplimiento de obligaciones por parte del arrendador en Ecuador?
En caso de no cumplimiento de obligaciones por parte del arrendador, el arrendatario puede notificarlo y dar un plazo razonable para corregir la situación. Si el arrendador no cumple, el arrendatario puede recurrir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado o, en casos graves, iniciar acciones legales para buscar una compensación o la rescisión del contrato.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades en caso de daños causados por fuerza mayor en el bien arrendado en Ecuador?
En caso de daños causados por eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, las partes deben actuar de buena fe para resolver la situación. La ley no responsabiliza al arrendatario por daños causados por eventos imprevisibles. Se recomienda incluir cláusulas específicas en el contrato para abordar estas situaciones.
¿Cuál es el papel de las empresas de servicios financieros en la detección de transacciones sospechosas en Ecuador?
Las empresas de servicios financieros en Ecuador tienen la responsabilidad de detectar y reportar cualquier transacción sospechosa a la UAF. Esto implica la implementación de sistemas avanzados de monitoreo y la capacitación del personal para identificar patrones inusuales que puedan indicar actividades ilícitas...
¿Cuál es la pena por el delito de contrabando en Ecuador?
El contrabando en Ecuador puede resultar en sanciones legales, incluyendo multas y confiscación de bienes involucrados en el delito.
¿Cuáles son las exenciones fiscales disponibles para las empresas en Ecuador?
Algunas actividades económicas pueden beneficiarse de exenciones fiscales. Por ejemplo, ciertos proyectos de inversión pueden obtener beneficios en Impuesto a la Renta.
¿Cómo se regulan los casos de ciberdelitos en el sistema judicial ecuatoriano?
Los ciberdelitos se regulan en Ecuador mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este código aborda delitos informáticos, como el acceso no autorizado a sistemas, fraude electrónico y difusión de información falsa. Las acciones judiciales buscan sancionar conductas que afecten la seguridad digital.
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