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¿Cómo se manejan las cláusulas de ajuste de plazos en contratos de venta de proyectos en Ecuador?
Las cláusulas de ajuste de plazos son importantes en contratos de proyectos, especialmente cuando pueden surgir imprevistos. El contrato puede incluir disposiciones que permitan la modificación de plazos en caso de eventos específicos, estableciendo los criterios para solicitar ajustes, los plazos de notificación y las consecuencias en términos de penalizaciones o ajustes de precios.
¿Cómo se determina la pensión alimentaria en casos de hijos mayores de edad?
La pensión alimenticia para hijos mayores de edad se determina considerando factores como la capacidad económica de los padres, las necesidades del beneficiario y la posibilidad de continuar estudios. El proceso se realiza ante un juez, quien evalúa cada caso en particular.
¿Cuál es el proceso para la impugnación de actos administrativos en Ecuador?
La impugnación de actos administrativos se realiza mediante recursos administrativos ante la autoridad competente y, posteriormente, a través de la acción de protección ante el sistema judicial.
¿Cuál es el proceso para la anulación de una sentencia en el sistema legal ecuatoriano?
La anulación puede basarse en errores procesales, violaciones de derechos fundamentales o descubrimiento de nuevas pruebas relevantes.
¿Cuál es el proceso para solicitar una reducción temporal de la pensión alimenticia en casos de emergencias financieras en Ecuador?
En casos de emergencias financieras, se puede solicitar al tribunal una reducción temporal de la pensión alimenticia. Esto implica presentar pruebas de la emergencia, como pérdida de empleo o situaciones similares, y el tribunal evaluará la solicitud considerando la situación específica.
¿Cómo se evalúa la responsabilidad social en la contratación de servicios de construcción de instalaciones educativas en Ecuador?
La evaluación de la responsabilidad social en la contratación de servicios de construcción de instalaciones educativas en Ecuador implica la revisión de programas de responsabilidad social, la participación de la comunidad educativa en el proceso de selección, y la medición del impacto positivo en la educación y desarrollo comunitario. Los contratistas deben demostrar su compromiso con la mejora de las condiciones educativas y sociales.
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