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¿Cuáles son las penas por el delito de evasión fiscal en Ecuador?
La evasión fiscal está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan garantizar la equidad tributaria y la contribución adecuada al sostenimiento del Estado.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los beneficios no salariales proporcionados a empleados en Ecuador?
Los beneficios no salariales, como bonos o vales de comida, pueden tener consecuencias fiscales. Conocer las exenciones aplicables y las obligaciones de retención es crucial para cumplir con la normativa tributaria.
¿Cuáles son las garantías procesales en los procedimientos penales en Ecuador?
Las garantías procesales en los procedimientos penales incluyen el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a no autoincriminarse y la prohibición de la tortura. Estas garantías buscan proteger los derechos fundamentales de los acusados durante el proceso judicial penal.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la construcción y bienes raíces en Ecuador?
Ecuador aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la construcción y bienes raíces mediante la implementación de medidas específicas. Se supervisan las transacciones financieras en proyectos de construcción, se verifica la legalidad de las operaciones inmobiliarias y se colabora con organismos sectoriales para prevenir el uso indebido de estas actividades en actividades ilícitas.
¿Cuáles son los requisitos para el matrimonio en Ecuador?
Para contraer matrimonio en Ecuador, se requiere ser mayor de 18 años, no tener parentesco en línea recta ni colateral hasta el segundo grado, no estar casado y presentar documentos como cédula de identidad y partida de nacimiento.
¿Cuáles son las consecuencias fiscales para los contratistas sancionados en Ecuador?
Los contratistas sancionados en Ecuador pueden enfrentar consecuencias fiscales, como la pérdida de beneficios tributarios o la imposición de impuestos adicionales. Estas medidas buscan desincentivar prácticas no éticas y garantizar que las empresas contribuyan adecuadamente al erario público.
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