Artículos recomendados
¿Qué tipos de impuestos deben pagar las empresas en Ecuador?
Las empresas en Ecuador están sujetas a impuestos sobre la renta, impuestos a la salida de divisas, impuestos al valor agregado (IVA) y otros impuestos específicos según su actividad comercial.
¿Cuáles son las disposiciones legales en relación con la subcontratación o tercerización de empleados en Ecuador?
La subcontratación o tercerización de empleados en Ecuador está regulada por la legislación laboral, estableciendo condiciones y requisitos para garantizar los derechos de los trabajadores subcontratados.
¿Cómo pueden las empresas en Ecuador fomentar una cultura de whistleblowing ético y efectivo como parte integral de sus programas de compliance?
Fomentar una cultura de whistleblowing ético implica la creación de canales seguros y confidenciales para que los empleados informen sobre conductas indebidas. Las empresas deben establecer políticas claras de whistleblowing, garantizar la protección del denunciante contra represalias y promover la conciencia sobre la importancia de reportar violaciones éticas para fortalecer la integridad organizacional.
¿Cómo se determina la responsabilidad civil en un expediente judicial por daños en Ecuador?
La responsabilidad civil se determina considerando la relación causal entre la conducta, el daño y la existencia de un deber legal.
¿Cuáles son los pasos para realizar el trámite de registro de una franquicia en Ecuador?
El registro de una franquicia se realiza ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Debes presentar la solicitud de registro, acuerdos de franquicia, y cumplir con los requisitos establecidos. Este trámite es esencial para proteger legalmente los derechos de una franquicia y establecer su reconocimiento en el país.
¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
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