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¿Cuáles son las mejores prácticas para la gestión de crisis relacionadas con el cumplimiento normativo en Ecuador?
La gestión de crisis implica una respuesta rápida y efectiva. Las empresas deben contar con planes de contingencia, comunicación transparente, colaboración con autoridades y evaluación postcrisis para aprender y mejorar sus prácticas de cumplimiento.
¿Cómo se protege el debido proceso en un expediente judicial en Ecuador?
El debido proceso se garantiza mediante la notificación adecuada, el derecho a la defensa, la imparcialidad del tribunal, entre otros aspectos.
¿Cómo se manejan los casos de identidad equivocada durante las verificaciones de antecedentes en Ecuador?
En caso de identidad equivocada durante las verificaciones de antecedentes, los individuos pueden presentar pruebas de su identidad real y solicitar la corrección de la información ante las autoridades correspondientes.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de personas con VIH/SIDA en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de personas con VIH/SIDA implica acciones judiciales específicas y está respaldada por la Ley Orgánica de Salud. Estas personas pueden presentar denuncias por discriminación o violación de sus derechos, buscando medidas de protección y reparación en el ámbito judicial.
¿Cuáles son las consecuencias legales para un deudor alimentario que no cumple con sus obligaciones en Ecuador?
El deudor alimentario en Ecuador que no cumple con sus obligaciones puede enfrentar consecuencias legales, como multas, embargo de bienes y hasta prisión, según lo establecido en la legislación vigente.
¿Cómo afectan las políticas de precios de transferencia a las empresas multinacionales en Ecuador y cuáles son las mejores prácticas?
Las políticas de precios de transferencia son relevantes para las empresas multinacionales que realizan transacciones entre partes relacionadas. En Ecuador, las empresas deben establecer políticas de precios de transferencia que cumplan con los principios de plena competencia y proporcionen documentación adecuada para respaldar los precios acordados. Las mejores prácticas incluyen la realización de estudios de precios de transferencia, el mantenimiento de documentación detallada y la comunicación proactiva con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para prevenir problemas fiscales.
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