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¿Qué sucede si el deudor no está de acuerdo con el monto reclamado en el embargo?
Si el deudor no está de acuerdo con el monto reclamado en el embargo, tiene el derecho de impugnar la deuda. Puede presentar evidencia y argumentos ante el tribunal para disputar la cantidad reclamada. Es esencial contar con representación legal para asegurar que el proceso de impugnación se realice de manera adecuada y se respeten los derechos del deudor.
¿Cuál es el procedimiento para la emancipación de un menor en Ecuador?
La emancipación de un menor en Ecuador se puede solicitar mediante un proceso legal. El menor debe tener al menos 16 años y presentar la solicitud ante un juez, quien evaluará si el menor tiene la madurez y capacidad suficiente para vivir de forma independiente. La decisión de emancipación es tomada por el tribunal.
¿Puede el arrendador ingresar al bien arrendado sin previo aviso en Ecuador?
El arrendador no puede ingresar al bien arrendado sin previo aviso, excepto en situaciones de emergencia que requieran acción inmediata. El contrato debe especificar las condiciones bajo las cuales el arrendador puede ingresar al inmueble, como para realizar reparaciones programadas. El respeto a la privacidad del arrendatario es fundamental.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de consumidores en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de consumidores implica acciones judiciales enmarcadas en la Ley de Defensa del Consumidor. Los consumidores afectados pueden presentar demandas para la reparación de daños, la devolución de pagos indebidos y la sanción de prácticas comerciales abusivas por parte de proveedores de bienes y servicios.
¿Cuál es el impacto fiscal de la amortización de activos intangibles en Ecuador?
La amortización de activos intangibles puede afectar el cálculo del Impuesto a la Renta. Es necesario entender las reglas y tasas de amortización aplicables para maximizar los beneficios fiscales.
¿Cómo se abordan los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas en Ecuador?
La responsabilidad penal de personas jurídicas se aborda mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Establece que las personas jurídicas pueden ser sujetas a sanciones penales por delitos cometidos en su nombre. Las acciones judiciales buscan responsabilizar a la entidad y, cuando proceda, imponer multas y otras sanciones.
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