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¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las operaciones de leasing y arrendamiento financiero en Ecuador?
Las operaciones de leasing y arrendamiento financiero tienen implicaciones fiscales específicas. Conocer cómo se clasifican y gravan estos contratos es vital para el cumplimiento tributario.
¿Cómo afecta la rotación de funcionarios públicos en Ecuador a la identificación y gestión de PEP?
La rotación de funcionarios públicos en Ecuador puede dificultar la identificación y gestión de PEP. Es crucial que las instituciones financieras y las entidades gubernamentales tengan procedimientos sólidos para actualizar y verificar continuamente la lista de PEP, especialmente en momentos de cambio en la administración pública, garantizando así una debida diligencia efectiva.
¿Cómo se establece la pensión alimentaria en casos de desempleo o cambios en la situación financiera?
En casos de desempleo o cambios en la situación financiera, la pensión alimentaria puede ser modificada. Se puede solicitar una revisión ante el tribunal, presentando pruebas de la nueva situación económica. El tribunal evaluará las circunstancias y ajustará la pensión en consecuencia.
¿Cuáles son las sanciones por violencia doméstica en Ecuador?
Las sanciones por violencia doméstica incluyen órdenes de restricción y penas de cárcel, dependiendo de la gravedad del caso.
¿Cuáles son los mecanismos de revisión de contratos para asegurar el cumplimiento de estándares éticos en el tiempo en Ecuador?
Los mecanismos de revisión de contratos en Ecuador para asegurar el cumplimiento de estándares éticos en el tiempo incluyen auditorías regulares, monitoreo continuo de la ejecución del contrato, y la revisión de informes periódicos por parte de las autoridades competentes. Esto garantiza que los contratistas mantengan estándares éticos a lo largo de la duración del contrato.
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