CHARIG ASADOVAY ANA LUCIA (Contribuyente)

Perfil con RUC 06035756***** y Actividad Económica CIIU G471101

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU G471101
Fecha de inicio de actividades 2002-05-10
País Ecuador
Provincia CHIMBORAZO
Cantón RIOBAMBA
Parroquia SAN JUAN
Año 2024

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¿Cómo se lleva a cabo la notificación de las partes en un proceso judicial en Ecuador?

La notificación se realiza a través de citaciones o boletas judiciales, entregadas personalmente o por medio de un receptor judicial. En ciertos casos, la notificación puede realizarse por edicto en casos donde no se pueda localizar a la parte.

¿Pueden los individuos impugnar un rechazo de empleo basado en antecedentes penales en Ecuador?

Sí, los individuos en Ecuador pueden impugnar un rechazo de empleo basado en antecedentes penales. Tienen el derecho de solicitar una revisión del proceso y proporcionar información adicional para consideración.

¿Cuánto tiempo toma el proceso de homologación de títulos universitarios ecuatorianos en España?

El tiempo de homologación de títulos puede variar. En general, el proceso puede llevar varios meses, dependiendo de la institución y la documentación requerida. Es recomendable iniciar este proceso con suficiente antelación.

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La Judicatura y el Consejo de la Judicatura son organismos encargados del control y supervisión del Poder Judicial en Ecuador. Estos entes garantizan la independencia judicial, evalúan el desempeño de jueces y tribunales, y promueven la transparencia y la eficiencia en el sistema judicial.

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La mediación y conciliación son métodos alternativos de resolución de conflictos en Ecuador y están regulados por la Ley de Mediación y Arbitraje, brindando opciones para evitar juicios prolongados.

¿Cuáles son las medidas para prevenir la explotación infantil en proyectos liderados por contratistas en Ecuador?

Las medidas para prevenir la explotación infantil en proyectos liderados por contratistas en Ecuador incluyen la verificación del cumplimiento de leyes laborales que prohíben el trabajo infantil, la implementación de políticas internas que prohíban la contratación de menores, y la colaboración con organismos gubernamentales que supervisan el cumplimiento de estas normativas. Los contratistas que violen estas medidas pueden enfrentar sanciones y la rescisión de contratos.

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