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¿Cómo se aborda la cooperación entre el sector público y privado en Ecuador para combatir el lavado de activos?
En Ecuador, se fomenta la cooperación entre el sector público y privado mediante la creación de mecanismos de intercambio de información. Las empresas privadas, especialmente las financieras, colaboran estrechamente con las autoridades para compartir datos relevantes y fortalecer la capacidad de detección y prevención del lavado de activos.
¿Cómo se lleva a cabo la notificación de las partes en un proceso judicial en Ecuador?
La notificación se realiza a través de citaciones o boletas judiciales, entregadas personalmente o por medio de un receptor judicial. En ciertos casos, la notificación puede realizarse por edicto en casos donde no se pueda localizar a la parte.
¿Cuáles son las obligaciones del empleador en cuanto a la prevención del acoso laboral en el lugar de trabajo?
Los empleadores en Ecuador tienen la obligación de prevenir el acoso laboral en el lugar de trabajo, implementando políticas y medidas para garantizar un entorno laboral libre de discriminación y acoso.
¿Cuál es la importancia de la gestión del cambio en el proceso de selección en empresas que enfrentan transformaciones organizativas en Ecuador?
La gestión del cambio es importante en el proceso de selección en empresas que enfrentan transformaciones organizativas. Se busca seleccionar candidatos que hayan liderado exitosamente iniciativas de cambio, gestionado la resistencia y asegurado la adopción efectiva de nuevas prácticas.
¿Cómo se manejan las donaciones a entidades educativas y culturales en términos fiscales en Ecuador?
Las donaciones a entidades educativas y culturales pueden ser deducibles para el cálculo del Impuesto a la Renta. Conocer los requisitos y límites aplicables es fundamental para maximizar estos beneficios fiscales.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de las personas mayores en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de las personas mayores implica acciones judiciales específicas y está respaldada por la Ley Orgánica de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Estas personas o sus representantes pueden presentar denuncias por violación de sus derechos, buscando medidas de protección y reparación en el ámbito judicial.
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